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Las estructuras paralelas
José Luis Vega Carballo
No solo hubo durante tres administraciones un gobierno paralelo en el país, sino que persiste en la actual con singular vigor.
Así lo demuestran las denuncias sobre las consultorías multimillonarias pagadas por el Ministerio de Hacienda y una red de fundaciones de dudoso origen y funcionamiento, vinculadas con la administración norteamericana.
Ahora venimos a descubrir, con una claridad que no teníamos antes, la existencia de estructuras paralelas de mando, tesorería y financiamiento en los partidos políticos, a raíz del escandaloso trasiego de fondos y cheques con los que un “grupo cívico” financió la última campaña del PUSC.
En ambos casos se trata de arreglos que riñen con la legalidad y la legitimidad del orden público, así privatizado y convertido en un desorden de marca mayor.
Ha quedado demostrado que las operaciones de esas estructuras paralelas violentan las reglas de la sana competencia democrática por el poder, desestabilizan las instituciones electorales y destrozan la moral cívica. Por más que el Presidente las excuse o se mofe de las denuncias en curso, él también, tarde o temprano, deberá responder debidamente por ellas.
Las estructuras paralelas en los partidos –que luego se trasladan al plano gubernamental– provienen de las tendencias. Como sabemos, éstas funcionan sin regulación alguna, como asociaciones de poder privado dirigidas por un candidato con su combo de fabricadores de imagen, allegados y seguidores ávidos de puestos y prebendas.
Asegurado el candidato, la estructura legal del partido se esfuma o queda relegada a segundo plano. Una vez pasado y ganado el torneo, varios de esos personajes engrosarán las filas del gobierno, tanto del visible como del paralelo, nombrados como altos jerarcas, asesores y consultores.
Así anda, de mal en peor, el sistema electoral y político de esta otrora Suiza centroamericana. No obstante, sus autoridades lucen perplejas, paralizadas o impávidas ante la osadía de los mandos y comandos de las estructuras paralelas.
Y cuando esas autoridades son llamadas a rendir cuentas, se refugian en la tesis de que las conductas no están tipificadas en los códigos y, entonces, no pueden actuar ni sancionar.
Los altos jerarcas del Poder Judicial, de la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones –entre otros– deberán asumir su cuota de responsabilidad por este caos galopante. La punta del iceberg ha salido ya, gracias a las denuncias de una prensa valiente.
Pero las autoridades superiores ¿cuándo van a tomar la iniciativa y a actuar para frenar la debacle? ¿Cuándo van a acabar con las estructuras paralelas en los partidos políticos y el gobierno? ¿Cuándo tendremos una ley de partidos políticos que regule también sus finanzas?
¿Por qué duerme la reforma política el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué ya no se habla de una reforma del Estado que, además de la eficiencia y la productividad, garantice la ética en el ejercicio de la función pública?
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