Miércoles 25 de febrero, 2004. San José, Costa Rica.



 

Foto Principal: 670704
La cercanía del salón comunal (derecha) a algunas viviendas tiene molestos a 3 vecinos de la urbanización San Cristobal en Pital, quienes demandaron a una de las impulsoras del proyecto, la síndica suplente, Norma Quirós.

Conflicto por salón comunal

Entre algunas de las deficiencias que ellos plantean, están la cercanía de la construcción a sus casas, el alto grado de contaminación sónica de las actividades que ahí efectúan y la falta de los permisos respectivos.

Por eso, una de las ofendidas presentó una demanda contra Quirós y su esposo, por considerar que ellos son los que están al frente de la obra.

El juicio será público y se efectuará el próximo 3 de marzo a partir de las 8:45 a.m., en las instalaciones del salón.

Según la demandante, de apellido Vargas, ella ha enviado cartas a diferentes autoridades, entre estas el Consejo de Distrito, pero afirmó que no se ha hecho nada para solucionar el conflicto.

Clausurado

El pasado 10 de noviembre, ante solicitud de los afectados, el Ministerio de Salud clausuró el lugar, previo a una inspección.

Dentro de las causas del cierre, se especifica que la construcción no cuenta con permisos de la Municipalidad, y ni del IMAS ni el ministerio de Salud.

Se menciona también que las paredes del edificio no cumplen con condiciones de confinamiento y que los servicios sanitarios no tienen tanque séptico ni áreas de drenajes. Además, los techos del salón no cuentan con canoas, por lo que las aguas caen directamente en una propiedad privada.

Al respecto, la síndica suplente Norma Quirós, admitió que no existen permisos para levantar la obra, pero que estos fueron solicitados y nunca hubo respuesta municipal.

“Estamos buscando la mejor solución al problema. De momento, hemos pensado en destinar el salón solo para fines deportivos o reuniones de vecinos y no para bailes, así se eliminaría la contaminación sónica”, manifestó Quirós.

Agregó que de aprobarse esta iniciativa, también se eliminarían los servicios sanitarios, que es una de las principales causas del cierre del inmueble.

Dijo que uno de los diputados de la zona les ofreció ayuda para colocar las canoas y poner fin a los problemas de aguas.

“Vamos a esperar el juicio. Confiamos en salir bien librados y para eso contamos con el apoyo de la mayoría de los vecinos. Desgraciadamente estos problemas siempre ocurren cuando uno trata de hacer algo por la comunidad”, puntualizó Quirós.

El salón comunal de la urbanización San Cristobal, que está edificado en un 85 por ciento, mide aproximadamente 180 metros cuadrados y ha tenido un costo cercano a los ¢7 millones.

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