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Grupos dedicados al tráfico de personas ofrecen en $1.500 cédulas de residencia “libres de condiciones”. Las de la foto fueron decomisadas durante la semana anterior en San José.
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Presos con sellos de Migración
Nicolás AGUILAR R. / Al Día
Dos dominicanos, a quienes las autoridades investigan por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de personas, tenían en su poder 28 sellos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Los extranjeros, uno de los cuales era investigado desde hace cuatro años, también mantenían en su poder nueve libretas de las que utilizan las autoridades para otorgar residencias permanentes.
Así lo reveló ayer el director de Migración, Lic. Marco Badilla, ante consultas hechas por Al Día.
Los isleños, dijo, fueron detenidos el 18 de julio anterior en el centro de San José, luego de insistentes informes acerca de la venta de documentos migratorios y el trasiego de personas desde República Dominicana y varios países suramericanos.
La red bajo investigación mantendría contactos con otros grupos para el trasiego de personas en Sur América, Centroamérica y Estados Unidos. La captura de los dominicanos forma parte de un operativo internacional donde también participan autoridades estadounidenses.
Incluso, están pendientes varios operativos en países centroamericanos como Honduras y Nicaragua, entre otros.
Los sospechosos, solo identificados como de apellido Rodríguez y Santana, permanecen detenidos en la Unidad de Admisión de San José a la orden de la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público.
Un juzgado penal capitalino dictó contra ambos seis meses de prisión preventiva.
Inicialmente, enfrentan cargos por falsificación de documentos y estafa.
Los dominicanos fueron detenidos el 18 de julio anterior en el centro de San José. En el operativo participaron agentes del OIJ, oficiales de Migración y funcionarios de la Fiscalía de Fraudes.
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De los acusados, solo Santana, conocido como “Domingo”, cuenta con antecedentes penales.
El dominicano está casado con una costarricense, tiene varios hijos nacidos en el país, y cuenta con status de “residencia condicionada”, porque fue sentenciado hace algún tiempo.
Sin embargo, ayer, no fue posible conocer detalles relacionados con esa condena.
De acuerdo con informes en poder de la Fiscalía, los extranjeros supuestamente actuaban en un conocido inmueble ubicado en el centro de la capital, donde fueron aprehendidos.
“Tenían sellos de prácticamente todos los departamentos de Migración, incluidos de los puestos fronterizos de Peñas Blancas, frontera con Nicaragua y Paso Canoas, frontera con Panamá”, precisó el director de Migración.
Podían, dijo el funcionario, facilitar el ingreso y la salida del país de cualquier foráneo, algunos eventualmente en tránsito hacia Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano”.
Badilla dijo desconocer cómo llegaron estos sellos a manos de los dominicanos y no descartó que contaran con “amigos y contactos” en Migración.
Tras el hallazgo, así como de otros decomisos de documentos oficiales hechos anteriormente, se planea cambiar el tipo de material y la tinta que utilizan en la papelería migratoria.
El proyecto costará al Estado unos $20.000 (¢8.4 millones) y es coordinado con el Gobierno estadounidense.
Costa Rica involucrada
De acuerdo con informes del Departamento de Estado, Costa Rica, entre otras naciones latinoamericanas, está involucrada en el tráfico de seres humanos, calificado como “una forma de esclavitud moderna”.
El ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, insistió ayer en la necesidad de tipificar como delito el llamado “coyotaje”, actividad desarrollada por poderosas organizaciones internacionales que actúan en el país.
“El carácter transnacional de este crimen demuestra que los países de origen, tránsito y destino deben trabajar en conjunto para evitar el tráfico, proteger a sus víctimas y procesar a los responsables”, afirmó, el 11 de junio anterior, el secretario de Estado, Colin Powell, al dar a conocer el “Tercer Informe Anual Sobre Trata de Personas”, a solicitud del Congreso estadounidense.
El funcionario criticó ese día a los países que no cuentan con leyes para penalizar el tráfico de personas y anunció eventuales sanciones económicas.
Según el director de Migración, Marco Badilla, hace tres meses enviaron un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para castigar el “coyotaje” (entre otras normas), pero hasta ayer no había sido aprobado.
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