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A medio camino
El Fideicomiso Agropecuario ha beneficiado a 4 mil agricultores, pero hay miles esperando ayuda, afirmó el ministro de Agricultura, Rodolfo Coto.
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Contraloría critica plan
Mercedes AGÜERO ROJAS / Al Día
Con preocupación la Contraloría alertó sobre un proyecto de reforma a la Ley de Fideicomiso Agropecuario, que dejaría al margen de controles miles de millones de colones destinados a atender deudas de pequeños y medianos agricultores.
La iniciativa pretende ampliar los beneficios que ya otorga esa ley a productores agropecuarios, quienes hayan contraido deudas entre 1994 y diciembre del 2000.
Una de las principales preocupaciones de la Contraloría es que siendo este fideicomiso uno de los que más fondos públicos administra, –alcanzaría ¢22.895 millones este año–, se pretenda disminuirle controles, especialmente, sobre sus gastos administrativos.
Esta opinión fue externada publicamente por el contralor general, Luis Fernando Vargas, el miércoles anterior durante un foro sobre el “Estado Paralelo”, organizado por el Colegio de Abogados.
Además, forma parte del criterio de la Contraloría sobre esa iniciativa de ley, enviado a la Asamblea el 6 de agosto.
No obstante, su opinión llegó tarde pues los legisladores, alegando mucha presión de los agricultores para que se aprobara el plan, ya habían emitido un informe afirmativo de mayoría en la comisión de Asuntos Agropecuarios.
La Contraloría también frenó, por diversos cuestionamientos, el presupuesto para gastos administrativos del fideicomiso para este año.
Asimismo objetó, por una serie de deficiencias, el contrato de fideicomiso suscrito por el Ministerio de Agricultura con el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Todo esto, según explicó el ministro de Agricultura, Rodolfo Coto, mantiene totalmente paralizado el programa.
Este fideicomiso fue creado en el 2000 con el propósito de comprar y readecuar deudas de hasta ¢15 millones que los agricultores hubieran contraido con entidades financieras y no pudieran atender debido fenómenos naturales, bajos precios o problemas de mercado.
Hasta la fecha ha funcionado bajo el alero del MAG.
La reforma de ley pretende dotarlo de una estructura administrativa (unidad técnica de apoyo) y eliminar la adscripción del comité de fideicomiso al MAG, para que no sea sometido las restricciones y lineamientos que alcanzan a los entes públicos.
Además, permitiría readecuar deudas con asociaciones, cooperativas, centros agrícolas cantonales, fundaciones, Caja Agraria del IDA, SENARA, fideicomisos, casas comerciales, beneficios o cafetaleras y otros tipos de personas jurídicas, que en su momento le han facilitado a los agricultores dinero en efectivo, así como insumos o implementos agrícolas a crédito.
Burocracia
El ente contralor cuestiona la intención de crear y financiar “toda una estructura burocrática”, con fondos destinados a atender a los agricultores. Esas funciones podrían ser asumidas por el MAG y el banco.
Critica que se quiera dotar hasta 10 por ciento de los recursos disponibles para gastos administrativos del comité ejecutivo y su unidad técnica de apoyo. Iniciativa que “a todas luces está fuera de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad”.
Eso equivaldría a ¢2.289 millones según el presupuesto de este año.
Para el diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Agropecuarios, Guido Vega , la Contraloría defiende un Estado centralista que no funciona, mientras cada semana se rematan entre 50 y 60 propiedades de agricultores.
Ante un Estado “nefasto, colapsado y que no da respuestas” deben crearse entes paralelos, dijo.
Por el contrario el diputado Rafael Varela, aseguró que pese a la urgencia de los productores agrícolas, las recomendaciones del ente contralor son muy atinadas y deben incorporarse al proyecto de ley.
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