Lunes 1 de diciembre, 2003. San José, Costa Rica.



La mayoría de los integrantes de la ahora difunta Comisión Mixta rendirán, a partir de mañana, un informe en el que recomendarán la aprobación del Plan Fiscal. Manuel VEGA / Al Día

Plan Fiscal a las puertas

Pablo GUERÉN CATEPILLÁN / Al Día

Tras una intensa jornada dominical, el Gobierno, los opositores PLN y PAC, empresarios y sindicatos del sector público lograron anoche un acuerdo que, según ellos, pone el Plan de Ordenamiento Fiscal a las puertas de su aprobación.

Al no contar con el respaldo libertario, el resto de integrantes de la ahora difunta Comisión Mixta rendirán a partir de mañana un informe de mayoría al plenario, donde se recomendará la aprobación de la iniciativa.

Eso sí, el diputado libertario Federico Malavassi ya tiene presentadas 46 mociones de orden, y advirtió anoche que “vendrán las que sean necesarias” para detener el proyecto.

Además:

  • Otros puntos
  • Molesto, no descartó incluso la presentación de acciones ante la Sala IV o los tribunales penales para frenar el trámite. “No vamos a permitir que pase esta tontería. Esto es un asalto a la clase media costarricense”, aseveró.

    Más molesto aún, el liberacionista Bernal Jiménez respondió: “Tontería es oponerse a lo que necesita este país. Este país necesita que se cambie el sistema tributario. Cinco diputados no pueden parar un proyecto democrático apoyado por una mayoría”.

    ¿Qué dice?

    Sin poder ocultar su alegría, el ministro de Hacienda, Alberto Dent, explicó que el proyecto del Plan Fiscal busca “desarrollar y aplicar soluciones al permanente desequilibrio de las finanzas públicas, a través de cuatro grandes áreas: mejora en la calidad del gasto público, reactivación económica, mejora recaudatoria y que los impuestos sean justos y equitativos”.

    Con este conjunto de iniciativas, reconoció el ministro, la hacienda pública recibiría nuevos ingresos equivalentes al 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

    Uno de los aspectos principales del proyecto es que modifica el sistema utilizado hasta hoy en el cobro del impuesto de renta, es decir, al salario que cada costarricense gana mensualmente.

    Así, quienes perciban ingresos por ¢380.383 no pagarán impuesto, y quienes ganen más de ¢1,5 millones deberán cancelar ¢192.404.

    La reforma fiscal transforma, además, el impuesto de venta en impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual, según el diputado presidente de la comisión, Mario Redondo, “se busca garantizar una mayor justicia en la aplicación del gravamen aplicándolo a servicios privados que hoy están exentos como las llamadas profesiones liberales (abogados y arquitectos, entre otros)”.

    Respecto de los servicios, éstos mantienen el impuesto de venta en un 13 por ciento, de cuyo pago estarán exentos:

    – productos contenidos en la canasta básica,

    – energía eléctrica residencial, siempre que el consumo sea igual o inferior a los 275 kw/h,

    – educación, medicinas y transporte público,

    – productos veterinarios e insumos agropecuarios,

    – agua residencial cuyo consumo sea inferior a los 40 metros cúbicos, actividades culturales calificadas de interés público, espectáculos deportivos en general, y el arrendamiento de viviendas residenciales cuya mensualidad no supere un salario base (cerca de ¢165 mil).


    Otros puntos

    – La reforma introduce el sistema de renta mundial, que grava ganancias de capital o patrimonios obtenidos por costarricenses en el extranjero.

    Estarán exentos del pago de este impuesto el Estado, las municipalidades, las cooperativas, las instituciones religiosas de cualquier credo, asociaciones solidaristas, sindicatos y las operadoras de pensiones. entre otros.

    – El proyecto crea la Comisión Nacional de Evaluación de las Instituciones y Programas del Sector Público.

    Esta comisión deberá estudiar, evaluar y recomendar acciones en materia de rediseño, fusión, eliminación o permanencia de instituciones del sector público, con el fin de hacerlo más eficiente.

    – Respecto a la recaudación de tributos, la nueva legislación contempla la creación de la Dirección Nacional de Tributos, que tendrá la coordinación administrativa de las direcciones de Tributación, Aduanas y de la Policía Fiscal, con el propósito de centralizar en una sola entidad todo lo relacionado con materia fiscal.

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