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El agricultor pitaleño Vladimir Chavarría Aguilar, uno de los beneficiados con el fideicomiso agropecuario, efectuaba labores de mantenimiento en su finca, anteayer a las 9:30 a.m.
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Édgar CHINCHILLA, corresponsal / Al Día
Pital.- Varios agricultores pitaleños esperan beneficiarse con la reactivación de la Ley del Fideicomiso Agropecuario que promueve el Gobierno, a fin de ayudar a los pequeños y medianos productores.
Recientemente, esta ley fue modificada para aumentar a ¢15 millones el préstamo entregado a los agricultores que tuvieron pérdidas por los bajos precios, plagas o fenómenos naturales, entre 1994 y el 2002.
Antes del cambio en la legislación, se cubría a los perjudicados desde 1994 hasta el 2000, y el crédito era de ¢14 millones como máximo.
Según comentó Antonio Sequeira Salas, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Pital, hasta el momento se han presentado 145 solicitudes en esa agencia, de las cuales 80 han sido aprobadas. Sin embargo, con la modificación se espera cubrir todas las solicitudes.
“Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos como certificación del MAG y solicitud del beneficio, según la ley, para que luego una comisión central del Fideicomiso seleccione los créditos por aprobarse”, comentó Sequeira.
Agregó que, una vez avalado el préstamo, el Gobierno cancela la deuda del productor al banco, y el agricultor pasa a ser deudor del Fideicomiso Agropecuario.
Más beneficios
A partir de ese momento, los agricultores pueden contar con más beneficios, entre ellos: 15 años plazo, y 3 años de gracia, sobre el monto principal, y un año de gracia sobre los intereses, a una tasa muy baja. El período para presentar solicitudes se abrió el pasado 17 de noviembre y se mantendrá hasta marzo del 2004.
Vladimir Chavarría Aguilar, agricultor de Pital de San Carlos desde hace más de 30 años, comentó que el fideicomiso vino a salvar a muchos agricultores de la zona y del país en general, que ya estaban ahogados con sus deudas.
“Recibí el beneficio del Fideicomiso hace dos años, cuando tenía una deuda de ¢4 millones con el banco, que estaba a solo 22 días de realizar el embargo”.
“De no haber sido por este beneficio, ya habría perdido, al igual que el 80 por ciento de las familias productoras, lo que me ha costado 30 años de trabajo”, agregó Chavarría.
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