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Por hacer
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, afirmó que la atención al público es uno de los temas que esa institución se ha propuesto mejorar.
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Corte redistribuiría funciones
Mercedes AGÜERO ROJAS / Al Día
La Corte Suprema, tras un autoexamen, tiende a una reestructuración del sistema judicial. Ésta empezaría por redistribuir funciones para agilizar la administración de la justicia.
Los magistrados eliminarían comisiones permanentes, no nombrarían a los jueces y se desprenderían de una serie de responsabilidades administrativas.
Con estos mecanismos y otros aún no definidos, pretenden atacar la mora judicial, el deficiente trato al público y la baja calidad de las investigaciones y resoluciones, especialmente en materia penal.
“El Poder Judicial no puede seguir como está. Si las cosas están mal, deben cambiar, no taparlas. Deben resolverse con inmediatez”, afirma el magistrado Rolando Vega, coordinador de la Comisión de Resolución Alternativa de Conflictos.
Las conciliaciones masivas son uno de los mecanismos a los que la Corte apuesta para agilizar los trámites. (Ver nota aparte)
Pero, pese a la buena voluntad de los magistrados, los resultados podrían tardar. Algunos cambios dependen de reformas constitucionales –que llevarían hasta tres años–, o reformas legales que durarían un año o más.
Las variantes administrativas serían las primeras en ejecutarse, pero tampoco están definidas. “Esperamos que se apliquen en los primeros meses del 2004”, afirmó el magistrado José Manuel Arroyo, coordinador de la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
El presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, reconoció que le habría gustado avanzar más este año, pero no pudo. “Quedo satisfecho por constatar que hay un nuevo espíritu en la Corte y un deseo grande de reforma y actualización del Poder Judicial. Vamos a quedar con un órgano remozado y moderno”, comentó.
Afirmó que se mantiene el déficit en cuanto al retraso judicial y la resolución de asuntos en Tribunales. Aunque ya no tardan décadas, siguen con un promedio de resolución de entre 4 y 5 años.
Desconcentración
Actualmente, los magistrados analizan los resultados y recomendaciones de cuatro talleres que, desde setiembre del 2002, estudiaron los principales problemas del Poder Judicial. Luego, decidirán si acogen las recomendaciones y mediante qué mecanismos se aplicarían.
Parece existir consenso en la necesidad de desprenderse de responsabilidades administrativas. Esas competencias serían trasladadas a un Consejo Administrativo.
Así, los magistrados se encargarían solo del “gobierno del Poder Judicial” y tendrían más tiempo para ver expedientes.
Otra de las tareas por delegar sería el nombramiento de jueces, y se eliminarían las comisiones permanentes, entre otros. (Ver recuadro)
“La Corte está mandando un mensaje de buena voluntad, muchos temas serán manejados por otros entes. Esto, con el propósito de agilizar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales”, afirmó Arroyo.
Atados al Congreso
Respecto a otros tribunales de segunda y tercera instancia, Arroyo dijo que dependen de que la Asamblea Legislativa conozca varias reformas a códigos procesales.
Está pendiente una reforma al Código Contencioso Administrativo y el envío al Congreso del Código General, relacionado con materia civil, agraria y de familia.
Las reformas tienden a aumentar la audiencia oral y pública para agilizar el trámite.
Otro de los cambios administrativos que según Arroyo pueden ejecutarse, es variar el sentido de los megadespachos. Las recomendaciones van orientadas a fijar su temaño técnicamente, para que funcionen bien. Además, deben reconstruirse las unidades y cadenas de mando.
También falta asignar responsables con potestad para pedir cuentas y exigir cumplimiento de horarios, rendimiento y buen trato al público.
Los megadespachos nacieron al unirse varias oficinas para compartir algunos servicios. Pero han sido fuertemente criticados, pues habrían vuelto más lentos los procesos.
Norte
La dirección en que irán algunos cambios del Poder Judicial está dada:
Delegar el nombramiento de jueces a un consejo, mediante un estatuto de carrera judicial.
La Corte se deja el mínimo posible de nombramientos como los magistrados del TSE y los jerarcas internos –Fiscal General, Ministerio Público, Policía Judicial y Defensa Pública–.
La Corte delega los asuntos disciplinarios de jueces, empleados y demás funcionarios en un tribunal disciplinario.
Los asuntos administrativos se desplazan hacia el Consejo Administrativo, ahora Superior.
Desaparecen las comisiones permanentes de magistrados.
Habrá un Consejo de la Escuela Judicial para asignar becas y girar las políticas de capacitación de personal.
El control se ejercería no desde el punto de vista disciplinario, sino desde el rendimiento de cuentas de jueces y tribunales.
Replanteamiento de los incentivos salariales para que reciban una mayor remuneración quienes tengan más responsabilidades.
Restituir las potestades para que un coordinador de tribunal tenga efectivo poder para pedir cuentas.
El OIJ y el Ministerio Público deben tener máxima desconcentración. Darles mayor participación en la determinación de necesidades y búsqueda de soluciones.
Buscar financiamiento adicional al 6 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) asignado desde 1957.
Dar independencia presupuestaria al Ministerio Público, en forma paulatina.
Fuente: Entrevista con José Manuel Arroyo, coordinador de la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
Conciliar: una alternativa
Conciliar en vez de litigar. Ése es el objetivo de la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), una herramienta a la que hoy acude la Corte Suprema en aras de agilizar la aplicación de la justicia.
Los resultados, según la comisión de RAC, fueron muy satisfactorios en las dos convocatorias masivas efectuadas este mes en Goicoechea y Santa Cruz.
La primera se realizó en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, del 9 al 12 de diciembre, con 350 litigios laborales convocados. Las partes involucradas llegaron en el 40 por ciento de los casos.
Esto equivale, según los organizadores, al trabajo que efectúa un juez en dos meses. El magistrado Rolando Vega, coordinador de la comisión, lamentó la ausencia de patronos. Los trabajadores acudieron en el 80 por ciento de los casos.
Ese juzgado conoce actualmente unos 7.500 asuntos.
Mejor respuesta
Una segunda experiencia se desarrolló entre el 17 y 18 de diciembre, en el Juzgado Contravencional de Menor Cuantía, en Santa Cruz de Guanacaste. Allí la respuesta fue mayor, lográndose resoluciones positivas en 104 asuntos.
Aquellos expedientes convocados para conciliación, pero que no lograron ser resueltos por esa vía, también ganaron tiempo, pues quedaron listos para sentencia.
Para el próximo año, explicó Vega, la comisión se propone efectuar, al menos, dos audiencias masivas por mes en diferentes partes del país.
Para el magistrado José Manuel Arroyo, las conciliaciones pueden rendir frutos, si se enmarcan dentro de una política coherente y sistemática.
“Un conflicto legal puede resolverse más rápido y con menor costo para las partes y el sistema, si se encuentra un sistema de diálogo y entendimiento”, dijo.
Las audiencias son dirigidas por jueces y, aunque se convocan en grupos, cada caso se dilucida en forma privada entre las partes involucradas y un juez.
En el caso de las conciliaciones laborales, uno de los problemas que enfrenta el programa es la negativa del Estado a conciliar, en cuanto patrono. Esa posición está respaldada por un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
Este programa también pretende sensibilizar a la población acerca de la posibilidad de resolver conflictos de forma más integral y amena.
Con ese fin, también se pretende llevar el tema hasta las aulas, comentó Vega.
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