Miércoles 30 de julio, 2003. San José, Costa Rica.

Más regulación Según el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, la nueva legislación permitirá regular a todas las empresas de seguridad privada.

Controversia por seguridad privada

Erick CARVAJAL MORA / Al Día

El proyecto de ley que pretende regular la seguridad privada en el país, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, genera controversia entre la Fundación Arias y el Ministerio de Seguridad Pública.

La fundación advierte que la iniciativa abrirá la puerta para que puedan trabajar más de 600 mil efectivos, pero el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, indicó que el proyecto no estimulará el crecimiento de agentes privados y podrá ejercer un control sobre quienes brindan estos servicios.

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano hizo una investigación sobre el impacto de la seguridad privada en Costa Rica y Centroamérica.

Luis Alberto Cordero, director ejecutivo de la fundación, aseguró que la existencia de estos cuerpos policiales representa un grave peligro para la paz social y estabilidad del país y la región.

Según Cordero, actualmente están inscritas 466 empresas especializadas en estos servicios.

“El artículo 18 del nuevo proyecto pretende ubicar el tope entre policías estatales y privados sea de un 15%, pero el actual contempla que sea de 1%”, dijo Cordero.

Esto implicaría proyectar 1.395 agentes privados por cada empresa inscrita en Costa Rica, lo que daría un total de 600 mil efectivos.

El ministro Ramos indicó que el límite del 1% provoca que muchas empresas tengan más efectivos al margen de la ley, pues sólo pueden reportar 100.

“Recientemente uno de los bancos del Estado licitó la vigilancia de 150 agencias y si cada una de ellas sólo tuviese un guarda, se requerirían más de 500 hombres para brindar el servicio las 24 horas”, dijo Ramos.

Otro de los puntos en discordia es la escolaridad de los agentes de seguridad.

La Fundación está en contra de que solamente se exijan los requisitos de estudios más bajos, sin embargo para el Ministerio aumentar este requisito dejaría por fuera a más del 59% de las personas que trabajan en estas empresas.

Para Ramos, uno de los puntos más importantes del nuevo proyecto es poder controlar las armas que tengan los agentes de seguridad privada.

“Con esto podremos garantizar una mejor calildad de servicio al solicitar la adecuada capacitación de quienes lo brinden”.

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