|
Acceso a las playas
Vladimir de la Cruz
Sectores de la población de la comunidad del cantón de Garabito, en la región del Pacífico Central de Puntarenas, llevaron a cabo una lucha muy importante a lo largo de varios años.
El resultado de sus gestiones fue que los tribunales de justicia les dieron la razón, en cuanto a asegurar el libre acceso a la zona pública de las playas Blanca y Mantas, luego de que estuvo cerrado un camino, el cual lograron que se mantuviera con el carácter público que tenía.
Desde el año 1990, habían conseguido que se definiera ese acceso público a dichas playas, pero no se ha podido llevar a cabo, pues el asunto se entrabó en trámites municipales, mezclados con los intereses de quienes se han opuesto a que se abra el camino público.
Este litigio fue analizado por distintos tribunales de justicia y, de acuerdo con sus resoluciones, se obliga a la Municipalidad de Garabito a que cumpla lo dispuesto en ellas, y a que asegure el carácter público de la vía que había estado en disputa.
En distintos momentos, mediante un conjunto de resoluciones y pronunciamientos judiciales, se ha establecido la obligación institucional de asegurar el carácter público de ese camino.
El actual Alcalde de la Municipalidad de Garabito no ha acatado las resoluciones judiciales que se encuentran firmes –además, está agotada la vía administrativa que esta discusión ha tenido–, y tampoco ha realizado la ejecución de sentencia y los pronunciamientos de los tribunales que se han dado sobre el caso.
El libre acceso por este camino público a las playas Blanca y Mantas es de interés para los vecinos de la comunidad de Garabito y para todos los costarricenses, pues tienen derecho a disfrutar de esos dos hermosos lugares en nuestra costa del Pacífico Central.
Las resoluciones judiciales son claras, en el sentido de que se obliga al Alcalde a acudir a la Fuerza Pública para abrir el camino, en caso de que se nieguen a hacerlo quienes lo han cerrado al público.
¿Acaso no está obligado el señor Alcalde a acatar la ley, las resoluciones judiciales, y defender y representar los intereses de la comunidad y del pueblo, respecto a tener libre acceso a esas playas por caminos que son públicos, tal como ha sido declarado por los tribunales de justicia?
¿Por qué son tan ineficientes aquí los organismos policiales y represivos del Estado para hacer cumplir las resoluciones judiciales y la ley?
¿Es que acaso el Gobierno se presta también, en este asunto, a dilatar o no acatar las resoluciones judiciales?
Si la Municipalidad de Garabito y su Alcalde no ejecutan lo resuelto judicialmente, respecto a abrir el camino público a las playas Blanca y Mantas, entonces ¿quien debe hacerlo? ¿Por qué crear más situaciones de conflicto en el país?
De acuerdo con el Código Procesal Penal, la Municipalidad de Garabito tiene la obligación de hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, tal como lo han resuelto.
El camino público de estas playas es de esa municipalidad. ¿Qué esperan para actuar?
|
