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Investigación abierta
La jueza Juana Méndez reactivó ayer las investigaciones judiciales sobre el financiamiento de la campaña del Partido Liberal Constitucionalista.
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Bolaños investigado
Managua/ AFP.-La jueza del crimen de Managua, Juana Méndez, reactivó ayer las investigaciones judiciales sobre el financiamiento de la campaña electoral del 2001 del Partido Liberal Constitucionalista, que podrían alcanzar al Presidente Enrique Bolaños.
Méndez decidió poner en marcha un proceso que fue abierto en setiembre del 2002, pero que se encontraba estancado. Éste involucra a varios dirigentes y diputados del PLC, un viceministro del gobierno del presidente Enrique Bolaños, y dos empresarios amigos suyos que trabajaron en la campaña del 2001, afirmó la jueza.
Bolaños, a quien se ha acusado de haber financiado la campaña con fondos de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), controlada por el expresidente Arnoldo Alemán, no puede ser procesado por su inmunidad, pero ella podría ser levantada por el parlamento.
Alemán favorecido
Las bancadas mayoritarias del Congreso nicaragüense, dirigidas por el líder izquierdista Daniel Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, acordaron discutir una reforma constitucional que alteraría varios procesos electorales, en medio de un enfrentamiento con el presidente Enrique Bolaños.
La enmienda fue presentada con carácter de urgencia al Congreso, a fin de propiciar algunos cambios institucionales que favorecerían a Alemán, líder Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y a Ortega, expresidente y máximo dirigente del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El proyecto de reforma constitucional propone fusionar los comicios municipales del 2004 y las regionales de la Costa Atlántica del 2007 con las elecciones legislativas y presidenciales del 2006, afirmó el vicepresidente del Parlamento, René Nuñez.
El argumento esgrimido es la necesidad de ahorrar fondos para otros proyectos sociales de interés.
Ortega advirtió que si Bolaños se opone a la enmienda constitucional, lo obligará a que renuncie a la presidencia, o promoverá dentro del mismo proyecto de ley un articulo que disponga el recorte de su mandato presidencial.
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