Miércoles 1 de octubre, 2003. San José, Costa Rica.

2:40 p.m., 31 de setiembre, San Marcos de Tarrazú. Los cafetales están cargados del preciado grano, pero la mayoría de los caficultores están afligidos por la imposibilidad de honrar sus deudas.

Drama en Los Santos

Mercedes AGÜERO ROJAS / Al Día

San Marcos de Tarrazú. A Nelson Vargas ya le llegó la notificación: el Banco Nacional le comunicó que el remate de su finca está programado para el 15 de octubre, a las 3:45 p.m. “¿Qué puedo hacer para evitarlo?”, se pregunta mientras respira profundo para tomar una bocanada de aire.

Este cafetalero de 48 años, vecino de San Marcos de Tarrazú, es uno de los poco más de mil productores de la zona de Los Santos, que asfixiados por las deudas están a punto de perder sus propiedades.

A esta crítica situación llegaron luego de que los precios del café empezaron su declive y por el contrario los costos de producción e intereses aumentaban.

En su desesperación, muchos han vendido propiedades o carros para pagar al banco. Otros han recurrido a más deudas con amigos o familiares para honrar los créditos.

A sus 67 años, don Desiderio Ureña no se da por vencido. Acaba de heredar una deuda de ¢20 millones por un préstamo en el que había servido de fiador a sus cuatro sobrinos. “Como ellos no podían pagar me embargaron la propiedad”.

Don Nelson confiesa que ilusionado por los altos precios y los buenos frutos que le daba su cafetal, en 1999 pidió un préstamo al Banco Nacional para comprar más tierra.

Para pagar los intereses se iba cada año a trabajar, unos seis meses, a Estados Unidos, así iba saliendo. Pero de pronto todo se juntó: el precio del café empezó a bajar, el mantenimiento de la siembra era más caro y las cosechas más bajas. “Hoy la deuda alcanza más de ¢13 millones. He tratado de vender una propiedad para cubrirla pero no hay quien la compre, mi única esperanza es el Fideicomiso”, dice.

Historias similares se repiten a lo largo de las verdes laderas de la zona de Los Santos, irónicamente considerada la que produce el mejor café del país.

Dos versiones

El Banco Nacional informó, por medio de su vocero de prensa, Francisco Araya, que en San Marcos de Tarrazú, 400 de los 800 cafetaleros con operaciones bancarias están atrasados con sus pagos.

Entre seis y nueve propiedades ya están rematadas y las restantes, donde no fue posible un arreglo de pago, pasaron a cobro judicial.

Hernán Vargas: “La crisis del café nos ha azotado muy fuerte, los precios están muy bajos y pago intereses al 26 por ciento. El Banco Nacional nos cobra $10 por día de retraso. Tuve que vender unos lotes para poder pagarle al Banco.

No obstante, cifras reveladas por el Centro Agrícola Cantonal de San Marcos, basado en informes propios del Banco Nacional local, revelan un problema mayor. Una carta enviada por el gerente general de esa agencia bancaria, Omar Valerio y el jefe de Crédito, Raúl Leiva, a Rodrigo Jiménez del Centro Agrícola de Tarrazú, indica que hay 764 operaciones por vender al Fideicomiso Agropecuario por ¢1.599 millones.

Este fideicomiso fue creado por el Gobierno y su función es la de ayudar a los agricultores, en general, que tengan problemas con sus deudas. Su funcionamiento fue objetado posteriormente por la Contraloría General de la República y ahora se encuentra paralizado.

Según Danilo Calvo, presidente del Centro Agrícola, esos deudores tienen dificultades para pagar, por lo que solicitaron trasladar las operaciones al Fideicomiso para su readecuación.

Adicionalmente, señala la carta, en Santa María de Dota, Frailes y Tobosi, restan por vender –al Fideicomiso– 986 operaciones bancarias por un monto de ¢1.926 millones. “Se estima que el 75 por ciento de este monto está en estado crítico”, señala. Esto equivale a unas 739 operaciones.

Danilo Calvo, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú calificó la situación como muy dramática. Según dijo, el Banco cobra $10 por día de atraso en el pago de los intereses. Si el retraso supera los 30 días se aplica cobro judicial, pero engrosa la deuda, pues el caficultor debe cubrir los costos del cobro judicial y honorarios de los abogados que lo ejecutan.

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