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Al menos 60 propietarios de parcelas del IDA son investigados por dar un destino diferente a las tierras, o bien, dejarlas en abandono, aseguró el director regional de esa institución, Édgar Rojas.
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Anomalías con tierras
Ciudad Quesada.- Un agricultor beneficiado con el programa de adjudicación de parcelas en un asentamiento del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) vendió ese terreno sin ninguna autorización y permitió la construcción de una casa.
Ese es solo un ejemplo de las muchas irregularidades que detectó la dirección regional del IDA en Ciudad Quesada, según consta en informes de esa entidad.
Son unas 60 parcelas que se encuentran bajo investigación por supuestas irregularidades en su manejo, ya que los beneficiarios las vendieron, cuando para ese fin necesitan un permiso de la junta directiva del IDA, o bien, deben pasar 15 años luego de su adjudicación, explicó Édgar Rojas Zúñiga, director regional de esa institución.
Rojas aseguró que en la mayoría de los casos se trata de comercialización indebida de la tierra, sin embargo, también hay casos de abandono de la parcela.
“Estas situaciones son normales dentro de un sistema de reforma agraria rural, pero no justificadas pues debe seguirse un proceso”, manifestó Rojas.
Requisitos estrictos
Las personas que adquieren el derecho sobre una parcela, la que mide entre tres y cinco hectáreas, no puede venderla, alquilarla, enajenarla o traspasarla, según los criterios del IDA, en un tiempo máximo de 15 años.
En la Zona Norte hay un total de 160 asentamientos agrícolas y 13 mil parcelas, en las que el único destino de la tierra es la agricultura y no la construcción de vivienda u otros fines, dijo Rojas.
Los casos irregulares están en varios asentamientos de Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, algunos de ellos son El Futuro, en la Tigra, Quebrada Grande, en Pital, y Juanilama, en Los Chiles.
Rojas manifestó que el IDA ejerce varios mecanismos de vigilancia y supervisión como el Control Agrario, visitas a los lugares y la presencia en cada asentamiento de una junta administrativa que es la encargada de plantear cualquier denuncia cuando haya anomalías en el uso de la tierra.
Los terrenos son entregados con el debido título de propiedad inscrito en el Registro Público, sin embargo, eso no da derecho de venderlos.
Todos los casos serán analizados por el IDA, pero se le brindará ayuda legal a los afectados para que den su versión sobre los hechos que se les achacan.
“Hemos encontrado casos en que las denuncias se apegan a la verdad, otros no. De todos modos, después de un estudio y una investigación se determina si el caso pasa al Ministerio Público”, aseguró el director regional.
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