Viernes 10 de octubre, 2003. San José, Costa Rica.


12:39 p.m. Emilio Baharet asegura que el manejo de los $50 mil “no fue una actividad ordenada” o “clasificada por la tesorería”. Carlos BORBÓN para Al Día

Donación no fue reportada

Pablo GUERÉN CATEPILLÁN / Al Día

El extesorero de la campaña electoral del PLN, Emilio Baharet, confirmó ayer que esa agrupación no reportó al Tribunal Supremo de Elecciones una donación de $50 mil (¢20,4 millones) que le fue entregada por el vicepresidente ejecutivo del Grupo Financiero San José, Gerardo Corrales.

El Código Electoral establece que los partidos deben reportar todas las donaciones que reciben, y éstas, de ser privadas, no pueden superar los ¢13,8 millones.

“No lo reporté. Cometimos ese error. No tengo justificación”, aseveró ayer Baharet en su comparecencia ante los diputados de la comisión que investiga el financiamiento político.

Ante la misma comisión, Corrales reconoció, el 4 de setiembre, haber entregado la donación de $50 mil a la campaña del candidato presidencial del PLN, Rolando Araya.

Baharet, quien compareció entre las 10:15 a.m. y las 12:49 p.m., junto al empresario y miembro del comité de finanzas de la campaña verdiblanca, José Antonio Herrero, aseguró que solo recibió esa contribución, pero no la gestionó. Añadió que el Grupo Financiero San José pidió la confidencialidad del aporte, y que éste llegó en efectivo, en una bolsa.

Banderas y camisetas

Consultado sobre si ese monto fue depositado, Baharet respondió: “No, por órdenes de la jefatura de campaña”. Agregó que el dinero se destinó a diversos gastos, caja chica, banderas, camisetas y a “gente que llegaba a pedir la necesidad”.

El presidente de la comisión, Luis Gerardo Villanueva, del PLN, dijo que la situación es “sumamente seria. Son olvidos que parecen tener estrategia para ocultarlos.

Además, Baharet definió el fideicomiso abierto en el Banco de Costa Rica que el PLN utilizó para financiar su campaña, como un “fondo de inversión que maneja deuda política”.

Al considerar el fideicomiso como una inversión, los contribuyentes podían exceder el límite de ¢13,8 millones. Sin embargo, el diputado Humberto Arce, del Bloque Patriótico, insistió en que ésas no eran inversiones, sino donaciones que, como tales, “violaron la ley electoral”.

El Tribunal Supremo de Elecciones estudia en estos momentos una acción de Arce para revisar un fallo de esa misma entidad, en mayo, que consideró legal el fideicomiso.

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