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Llamado a la reflexión
Samuel Yankelewitz
Las noticias de los últimos días son de tal relevancia, que bien podrían marcar, para bien o para mal, el destino de nuestro país durante las próximas décadas.
El detonante fue la visita que realizó la semana pasada Robert Zoellick, Representante de Comercio de los Estados Unidos.
En esa oportunidad y en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) que los países centroamericanos están negociando con ese país, el señor Zoellick manifestó la conveniencia de que Costa Rica logre algunos avances en materia de apertura en el mercado de las telecomunicaciones, bajo el riesgo de que, si no lo hace, podría quedar excluida de tales negociaciones.
Ante la contundencia y enormes implicaciones de estas declaraciones, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar.
Una encuesta recientemente publicada muestra que, si bien la gran mayoría de los costarricenses esperan una mejora en telecomunicaciones y consideran que su apertura al sector privado es la manera adecuada de lograrlo, también un alto porcentaje de los entrevistados opina que esa mejora no debería hacerse como resultado de imposiciones externas, y expresan, a la vez, su preocupación por el impacto negativo de una eventual exclusión del TLC.
Los resultados son claros. Los costarricenses no podemos darnos el lujo de perder el principal mercado de destino de nuestra producción y la principal fuente de generación de empleo. Los efectos económicos y sociales serían realmente devastadores.
Dada la trascendencia del tema, es urgente propiciar mecanismos de diálogo, abierto y transparente, para encontrar una solución cívica, sin dogmas ni extremismos, que responda a los mejores intereses del país, evitando a toda costa ceder ante las amenazas de pequeños grupos de presión.
Las alternativas de solución inteligentes no son muchas. Los costarricenses debemos ponernos de acuerdo para negociar alguna forma de apertura en las telecomunicaciones, que nos permita mantenernos vivos en la negociación y poder gozar en un futuro cercano de sus beneficios, en términos de la generación de mayor producción, comercio e inversión, y más y mejores empleos.
Esa apertura, como lo hemos planteado en otras oportunidades, no debe implicar la privatización del ICE (apertura de capital al estilo “fiscalista” latinoamericano), sino estar orientada al mercado de las telecomunicaciones (al estilo moderno europeo), manteniendo al ICE como operador dominante, pero funcionando en condiciones de una sana y conveniente competencia que se regirá bajo principios transparentes de selectividad y gradualidad, y con una fuerte regulación y supervisión del Estado, que asegure los mejores intereses del país y de la colectividad.
Démonos la oportunidad de desarrollarnos buscando fórmulas creativas y democráticas, de acuerdo con el mejor sentir costarricense.
Es momento de reflexión y de profundo análisis. Las medidas que adoptemos hoy, definitivamente marcarán el rumbo de Costa Rica en los próximos lustros.
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