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CUESTIONAMIENTO
Las anomalías, según el MOPT, se dieron en un proyecto en la cuenca del Tempisque.
José RIVERA /Al Día
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Lío con ¢99 millones en MOPT Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
Supuestas anomalías en el manejo de $231.067 (¢99 millones al tipo de cambio actual) en un proyecto del Instituto Geográfico Nacional en la cuenca del Tempisque, fueron denunciadas por el Ministro Javier Chaves.
El titular de Obras Públicas y Transporte solicitó el despido del director del Instituto Geográfico Nacional, el geólogo Eduardo Bedoya, y del ingeniero Víctor Guerrero. Les atribuye supuestas anomalías en el manejo de un proyecto ejecutado en el marco de un convenio entre los gobiernos de Costa Rica y Japón.
Pese a gestiones de este periódico no ha sido posible obtener el descargo de los funcionarios aludidos.
La petición de despido está en manos de la Dirección Nacional de Servicio Civil desde el 24 de febrero, confirmó su director, Guillermo Lee. Este órgano remitirá luego el caso al Tribunal del Servicio Civil para que determine si acoge o no la solicitud.
El viernes 26 de marzo Bedoya nos recibió en compañía de su abogada particular. Su abogada solicitó formularle las consultas por escrito y así se hizo el lunes 5 de abril, pero no las han contestado.
También, por medio de Bedoya, se intentó localizar a Guerrero, pero no fue posible hablar con él.
El Ministro Chaves pidió a la dirección Jurídica valorar, desde el punto de vista legal, si las actuaciones de Bedoya y Guerrero constituyen un delito y en caso afirmativo enviarlo al Ministerio Público.
Al Ministro Chaves se le ha solicitado una entrevista sobre el caso, pero no ha sido posible obtener respuesta. ¿Qué se cuestiona?La decisión del Ministro se fundamenta en un informe de la Auditoría Interna del MOPT, donde se establece que el Instituto Geográfico suscribió y manejó, supuestamente, al margen de la ley, un acuerdo por venta de servicios con la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) en el 2000.
JICA contrató los servicios a la empresa “Pacific Internacional Naigai Engineering” (PCI), y ésta los subcontrató al Instituto Geográfico por el orden de $231.067.
Ese monto supuestamente habría sido entregado en cheques al ingeniero Guerrero quien pagó horas extras, jornales, viáticos y compró equipos.
Sin embargo, en una entrevista con la Auditoría el funcionario dijo que solo había recibido y podía responder por ¢33 millones, al tipo de cambio vigente a la fecha del proyecto.
Expresó que nunca había recibido los $231.067 millones que indica JICA.
El costo total de los gastos registrados en el proyecto, según la Auditoría, es de $100.246.
Y lo que finalmente, el Instituto Geográfico recibió por la venta de servicios fueron ¢18,9 millones. Sin controlesSegún el informe, las presuntas irregularidades nacieron desde que Bedoya suscribió, sin facultarle la ley para hacerlo ni previa consulta jurídica, un acuerdo de venta de servicios con representantes de la organización japonesa.
En el convenio, el Instituto Geográfico se comprometía a hacer una serie de obras en los ríos Tempisque y Palmas.
Posteriormente, Bedoya habría delegado la administración del proyecto en el ingeniero Víctor Guerrero sin que existiera, prácticamente ningún control sobre él. Presuntamente, esto habría permitido un manejo totalmente irregular del plan.
El ingeniero, dice el documento, “no facilitó, ni promovió la aplicación e implementación de los procedimientos y normativa que regulan las actuaciones institucionales en el trámite y cancelación de viáticos, tiempo extraordinario, jornales y la compra de materiales y equipo, afectando los controles internos y exponiendo a la Administración a un eventual riesgo por la posibilidad de un inadecuado uso de los recursos entregados por la PCI al ingeniero Guerrero...”.
De acuerdo con la Auditoría, la falta de controles, registros e informes sobre los gastos y desarrollo del proyecto y la ausencia de una liquidación final, imposibilita tener certeza sobre la cantidad y características de los bienes adquiridos con esos fondos, la procedencia y validez de esos gastos, así como el verdadero costo de los trabajos hechos por el Instituto Geográfico.
Otras acciones Fuente: Acuerdo de ministro Javier Chaves, 17 febrero 2004.
El ministro de Transportes, Javier Chaves, además ordenó:
Constituir un órgano del debido proceso para determinar el costo total del proyecto, a fin de cuantificar los montos líquidos y exigibles que la Administración eventualmente dejó de percibir, así como individualizar las personas que deben asumirlos y las consecuencias civiles y legales.
Con el propósito de “conocer la verdad real de los hechos”, abrir un procedimiento ordinario disciplinario y determinar la responsabilidad civil de: el director Administrativo Financiero del IGN, el exjefe del Departamento de Contabilidad y del actual titular de ese puesto. Así como a otros cinco funcionarios.
Un procedimiento administrativo de responsabilidad civil contra los funcionarios Eduardo Bedoya y Víctor Guerrero.
A la Dirección Jurídica: valorar desde el punto de vista legal, si las actuaciones de Bedoya y Guerrero eventualmente constituyen un delito y en caso afirmativo remitirlo al Ministerio Público.
Hallazgos
Estos son algunos de los hallazgos del informe de Auditoría que sustentaron la decisión del ministro Javier Chaves.
La Auditoría responsabiliza a Eduardo Bedoya de no ejercer una adecuada supervisión sobre sus subalternos a cargo del proyecto. Esto permitió, por ejemplo, que el Ing. Guerrero “mantuvo en su casa de habitación equipo adquirido con fondos de ese proyecto, de lo cual no informó a sus superiores, aún cuando habían transcurrido casi dos años desde que finalizaron los trabajos".
Se pagó por concepto de jornales, sumas superiores a las permitidas.
Se hicieron gastos a cargo del proyecto por obras que no formaban parte del convenio.
Compra de equipos y materiales omitiendo los procedimientos de contratación.
Pago de tiempo extraordinario a funcionarios a quienes no les correspondía; en ciertos casos no se redujo renta ni cuotas obrero patronales.
Hay varias cifras sobre costo del proyecto, lo cual impide conocer el dato real.
Según JICA y PCI pagó al IGN $231.067, por medio del Ing. Guerrero. Para la Auditoría los gastos cargados al proyecto son de $100.246 y se depositaron a la cuenta del Instituto $58.613. Esto arroja una diferencia de $72.207.
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