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Una alternativa
El contrato de gestión interesada del Aeropuerto Juan Santamaría, con la firma Alterra Partners, podría ampliarse de 23 a 25 años como una solución a los problemas financieros que enfrenta. Los trabajos en la terminal están suspendidos desde hace un año. Foto tomada el viernes 23, a las 3:30 p.m.
Abelardo FONSECA/Al Día
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S.O.S. en Aeropuerto Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
Aeropuerto… el aeropuerto… Está a mitad de camino. La terminal aérea sufre las repercusiones de la falta de experiencia que el país tenía en esa área (concesión de obra pública).
Aún falta construir la mitad de las obras contratadas y eso ahora depende de que el país le garantice a los bancos que financian al gestor, Alterra Partners, que se pagarán los préstamos.
Así, entre pausas y tras un obligado reacomodo en el sillón, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Javier Chaves, reconoció la crisis que enfrenta uno de los proyectos estratégicos más importantes del país: la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La salida no parece fácil. “Es una prioridad para mí encontrar una solución”, afirma.
Chaves cumplirá el próximo 8 de mayo dos años de gestión frente al MOPT. El miércoles anterior, cuando el país recibía con asombro la noticia sobre la renuncia del presidente ejecutivo de la Caja, el ministro Chaves habló con Al Día de sus aciertos, tropiezos y retos en su Ministerio.
Se ve en el MOPT hasta mayo del 2006 y se propone “no permitir que la campaña política entorpezca el avance de las obras”.
El reconocido empresario, acostumbrado a la agilidad con que el sector privado actúa, reclama más poder para decidir sobre los recursos financieros y el personal que administra. En el MOPT, dijo, “tengo toda la responsabilidad, pero no tengo autoridad”.
Chaves, navegante ahora en las turbulentas aguas del sector público, repasó lo hecho y los pendiente en aeropuertos, puertos, carreteras, congestionamiento vial y transporte. Aeropuerto en viloEn este momento, una de las mayores preocupaciones de Chaves es el futuro del Juan Santamaría.
Desde la firma del contrato de gestión interesada del Gobierno con Alterra Partners, en mayo del 2001, el proyecto ha venido con altibajos. Pero llegó a su punto más crítico el lunes anterior, cuando la Contraloría General de la República aclaró que no se pueden cargar a las tarifas $11,8 millones en gastos, tal como propone Alterra.
La Contraloría alega que esa empresa había propuesto en su oferta que esos gastos no sobrepasarían los $3,4 millones. Ahora Alterra alega que el Gobierno se había comprometido en el 2001, mediante una carta de entendimiento ante la banca extranjera, a reconocer tarifariamente gastos por $18,7 millones.
Lo cierto es que, sin certeza de cómo recuperar el dinero, los 11 bancos que financian el proyecto difícilmente girarán actualmente los $30 millones que restan para que Alterra continúe con las obras en esa terminal. Los trabajos están paralizados desde hace un año. El crédito es de $120 millones, de los cuales $90 ya se giraron. También se corre el riesgo de que Alterra abandone el proyecto.
Ante esta crisis, dijo Chaves, hay quienes recomiendan rescindir el contrato con Alterra. Pero él no apoya esa tesis, pues expondría al país a una millonaria demanda. Además, el Estado no podría asumir las obras y tardaría mucho para hacer un nuevo contrato.
“Si no tenemos ¢2 mil millones para la Policía de Tránsito, de donde vamos a sacar $180 millones (¢77.400 millones) para un aeropuerto”.
El ministro se inclina por buscar alternativas, para equilibrar las finanzas del gestor y seguir adelante.
Explica que una posibilidad sería que las reservas que deben hacerse para el aeropuerto hacia el futuro, no se hagan ya y se pasen para los últimos años del contrato. Otra opción sería ampliar de 23 a 25 años el contrato con Alterra o mezclar ambas medidas.
Tras el repaso a la compleja situación del Santamaría, Chaves prefiere no buscar culpables.
“Lo que nos está faltando es claridad sobre quién determina qué se hace y qué no se hace en el contrato. El responsable ejecutivo es el MOPT, por medio de Aviación Civil, pero la última palabra la da la Contraloría, que no se manifiesta en forma anticipada, sino a posteriori”.
En materia de carreteras, el Ministro explicó que el inicio de obras en la vía San José - Caldera se atrasará en unos seis meses. Es decir, no se iniciarán el próximo primero de julio, como establece el contrato y lo anuncian varios carteles ubicados sobre la vía, sino que empezarán a principios del 2005. (Ver recuadro).
Respecto a los puertos, reconoció que el INCOP se está atrasando más de lo esperado en la firma del contrato, para la modernización del Puerto de Caldera.
Infraestructura clave
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/Al Día
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PRESAS
Se atacan con tres proyectos: sectorización del transporte público, nuevos semáforos y tren metropolitano.
Sectorización: Está diseñado el corredor de Pavas que se unirá a La Galera. En el 2005, estaría el primer bus articulado.
Semáforos: En octubre se sacará la licitación. En el 2005 estarían instalados.
Tren: Existe un anteproyecto del corredor San José - Heredia. Se adjudicaría en el 2005.
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PUERTOS
Caldera: A criterio de Javier Chaves, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) “está tardando un poco más de lo debido en la firma del contrato de concesión del puerto”. EL MOPT hará una auditoría técnica para determinar el avance en las mejoras de seguridad portuaria, según las nuevas exigencias de Estados Unidos, que regirán desde el próximo primero de julio.
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/Al Día
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Limón y Moín:
El Banco Mundial está haciendo un estudio, a petición del MOPT, para que los puertos limonenses se conviertan en tomadores de tarifas de otros puertos, de modo que las tarifas no dependan de los gastos y se vuelvan más competitivas.
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/Al Día
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CARRETERAS
El MOPT tiene como meta ver maquinaria en seis proyectos grandes de infraestructura vial.
Carretera a Caldera: 77 kilómetros, $140 millones El inicio de las obras se atrasará en unos seis meses. Las obras empezarían el primero de enero del 2005. Faltan terminar planos y unas 12 expropiaciones y el cierre financiero de parte de la empresa privada.
Carretera a San Carlos: 42 kilómetros, $65 millones Falta permiso de Contraloría para contratación directa. Empezarían obras en el segundo semestre de este año.
Costanera sur: $80 millones Está en marcha y son varias licitaciones fracmentadas. Se están terminando accesos de Parrita a Quepos y se está trabajando en el tramo Barú-Palmar. Ya salió la licitación para el tramo Caldera - Interamericana y la construcción de los tres puentes más grandes. Para el tramo Quepos - Saavegre está por publicarse la licitación.
Carretera a San Ramón: 58 kilómetros, $230 millones Éstá en proceso de formalización del contrato. Las obras empezarían un año después de refrendado el contrato. Construcción tardaría 24 meses.
Carretera a Cartago: $80 millones En mayo se publicará el cartel y el contrato. Es una nueva modalidad que permite negociar de una vez el cartel y el contrato.
Anillo de Circunvalación Norte Se haría por concesión de obra pública o adjuntarlo al proyecto general de San Ramón.
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Atado
Javier Chaves: “Tengo toda la responsabilidad pero no tengo la autoridad”.
Abelardo FONSECA/Al Día
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Ministro pide más poder
Critica restricciones en el MOPT Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
Cuestionado sobre atrasos en proyectos claves para el país, Javier Chaves responsabilizó a las restricciones institucionales, que le impiden una gestión más rápida y eficiente. Una de ellas es la Ley de Contratación Administrativa, a la que describe como “una camisa de fuerza”.
Para cambiar esa realidad, ya presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma que reduzca a la mitad todos los plazos de contratación, incluyendo los que tiene la Contraloría para resolver, cuando se trata de obras urgentes, como los puentes peatonales.
El Ministro también pretende flexibilizar la ley respecto al uso de presupuestos sobre los cuales tiene responsabilidad.
El MOPT tiene un presupuesto global de ¢115 mil millones, repartidos en nueve instituciones. “Si soy el responsable de la gestión de ¢115 mil millones, no puede ser que a dedo yo no pueda decir a alguien 'deme un puente peatonal', que vale ¢50 millones”, reclamó.
Con el proceso actual de ir a un cartel, recibir ofertas, apelaciones, firmar el contrato– que tiene 45 días para refrendo–; entre el momento en que se tiene una idea y el momento en que ve la obra ejecutándose, pasa al menos un año, explicó Chaves.
El monto sobre cual el Ministro tendría esa facultad, es la discusión. A criterio de Chaves, para que un Gobierno pueda moverse hacia algún lado, ese monto debería aproximarse a $1 millón. Dos mundos“Aquí hay que armarse de paciencia. En el fondo, es que en Costa Rica los ministros no tenemos suficiente autoridad para ejecutar obras. A mí me dicen que soy el responsable de las muertes en carreteras. Para evitar eso hay una política y uno de los componentes es construir puentes peatonales, pero no tengo suficiente autoridad para mandar a construirlos”, reclamó.
Pero los impedimentos del ministro Chaves no se limitan al tema financiero. Se extienden a la capacidad para contratar o remover a un funcionario cuestionado o que no dé la talla.
“La regla en el sector privado es el bono al final del año para el que hace bien las cosas y el despido para el que se porta mal. En el sector público no puedo hacer eso”, explica. En forma inmediata, Chaves se refiere al polémico caso del jefe de licencias, a quien removió del cargo pero el Tribunal de Servicio Civil lo obligó a restituirlo. Le nombró un subjefe, pero el funcionario recurrió a la Sala IV y obligó al Ministro a quitar el subjefe.
“Si yo como jerarca no solamente no puedo contratar, sino que no puedo despedir al funcionario que creo que debo despedir, entonces tampoco mando. No tengo decisión sobre los recursos públicos ni sobre el personal. Tengo toda la responsabilidad, pero no tengo la autoridad”.
Por esas mismas restricciones, en el sector público, dice Chaves, a veces no se ejecuta la totalidad del presupuesto. Por ejemplo, en el MOPT se quedaron como ¢4 mil millones sin ejecutar el año anterior.
La complejidad en los sistemas de contratación, también influye en la eficiencia del sector público.
“Ayer (martes anterior) 20 de abril entró el asfalto del Ministerio, hasta ayer, esto significa que se nos fue el verano sin asfalto y no pudimos tener asfalto, habiéndolo presupuestado con anterioridad...”.
Chaves también criticó que para poder hacer una reestructuración en el sector de Transportes del Ministerio, debió redactar un proyecto de Ley y depender de la Asamblea Legislativa. Esas decisiones, recordó, en una empresa privada se reducen a un acuerdo de junta directiva.
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