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El conflicto por el uso de las antiguas instalaciones de la Feria del Agricultor, en Naranjo, ya está en manos de la Sala IV.
Carlos SALAZAR/Al Día
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Sala IV resolverá conflicto Carlos SALAZAR, corresponsal
Naranjo.- La Sala Constitucional emplazó a la Municipalidad de Naranjo para que explique la orden de cierre y suspensión de la patente, para venta de frutas y verduras, en un terreno donde operó la Feria del Agricultor en el 2003.
El abogado de la empresa comercializadora, Edgar Campos, afirmó que la “determinación de suspender su patente y cerrar su actividad tiene como único motivo que existe presión, por parte de los miembros del Centro Agrícola Cantonal de Naranjo”.
Campos asegura que esa supuesta presión se ejerce “para que la municipalidad no permita otras ventas de frutas y verduras, que no sean las de la Feria del Agricultor”.
El Concejo local instruyó al alcalde no permitir “el funcionamiento de ferias en Naranjo, por ser contrarias al funcionamiento de la Feria del Agricultor, a la que el Concejo Municipal ofreció apoyo” .
Campos impugnó además del cierre de la feria, otro acuerdo del Concejo que pide al departamento de patentes que “no tramite ninguna solicitud de patentes en el terreno de la Sociedad AL y AL Hermanos Rivera López, porque pertenece a una sociedad anónima legalizada, por lo que solo dicha sociedad puede solicitar patentes en ese lugar”.
De acuerdo con información municipal, la empresa comercializadora solicitó una patente de venta de frutas y verduras, para operar en el antiguo campo que ocupaba la Feria del Agricultor, pero instaló ahí 55 puestos. Toda el áreaLa Directora del Área de Salud de Naranjo, Mariana Gómez, en una nota urgente entregada al representante de la empresa, explicó que el permiso para una venta de frutas y verduras, “implica que toda el área evaluada puede ser usada con ese fin, mediante la instalación de una o varias ventas”.
Campos, según la nota de la Sala IV al alcalde y al presidente municipal de Naranjo, dijo que la protección a la Feria del Agricultor va “en perjuicio de los particulares, pues implica un acto de discriminación irrazonable”.
El abogado afirmó que lo actuado al parecer es arbitrario e infundado, además de violatorio de la libertad de empresa, de comercio, derecho de propiedad y al debido proceso.
La Sala Constitucional pidió el 10 de agosto a la Municipalidad de Naranjo rendir en los tres días siguientes a la notificación de la resolución, una copia del expediente administrativo sobre el tema.
También ordenó que permita a la empresa “ejercer la actividad comercial para la que fue autorizada, de conformidad a las licencias y permisos vigentes que se le hayan otorgado”, en tanto la Sala IV resuelve el recurso presentado.
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