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Voz del Defensor
La discapacidad en Costa Rica José Manuel Echandi
Tal y como sucedió el año anterior, el rechazo de las solicitudes de pensiones de parálisis cerebral profunda así como la cancelación de este tipo de beneficio, continúan siendo el primer motivo de presentación de quejas relativas a la temática de la discapacidad en la Defensoría de los Habitantes. Esta situación evidencia de nuevo la relación pobreza y discapacidad.
Si se analiza a profundidad esta relación se arribará a la conclusión que tanto la pobreza como la discapacidad son dos fenómenos de exclusión social. No hay que justificar la afirmación que la pobreza es un fenómeno de exclusión social ya que resulta obvia. No obstante, para aquella persona que no ha tenido contacto con el tema de discapacidad, la frase “la discapacidad es un fenómeno de exclusión social” le podría parecer extraña ya que se concibe a ésta con una situación que se presenta en la vida de una persona como consecuencia de una enfermedad o lesión y no como una condición generada por un tipo de organización de la sociedad, que ha ignorado las necesidades específicas de las y los miembros de este sector de la población.
Un ejemplo que ilustra esta afirmación lo constituye el hecho de que la metodología para medir la pobreza de los núcleos familiares de las y los solicitantes de pensiones del Régimen No Contributivo, que administra la Caja Costarricense del Seguro Social, parte de la idea errónea de que todas las y los integrantes de las familias tienen las mismas necesidades invisibilizando aquellas derivadas de la discapacidad.
La inaccesibilidad al espacio físico es otro motivo de presentación de quejas en torno a la temática de la discapacidad que merece mencionarse, no solamente por el aspecto cuantitativo sino porque ejerce presión sobre las instituciones públicas, ya que deben destinar mayores recursos económicos a ese rubro. Un tema que adquirió relevancia en el presente año es el relativo a las condiciones de acceso y permanencia de las personas con discapacidad en los puestos de trabajo.
Por otra parte, también destacan las quejas concernientes a la atención de las necesidades educativas de las personas mayores de edad con discapacidad. Existen en la actualidad pocos mecanismos que faciliten la permanencia de las personas con discapacidad en las escuelas y en los colegios, así como limitadas ofertas educativas para aquellas personas que no asistieron o no concluyeron la educación regular.
En Costa Rica, la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, a pesar de que es un instrumento normativo de avanzada, carece de mecanismos de cumplimiento y ejecución más efectivos. Esta reflexión tiene el objetivo de que a futuro cuando se promulguen nuevas leyes en el campo de la discapacidad, se tenga presente la relevancia de dotarlas de las herramientas que efectivamente permitan pasar del enunciado normativo a la práctica.
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