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Presas en todo San José
SAN JOSE. Lunes 23 de agosto (AFP) Grandes congestionamientos se registraban la mañana de este lunes en las principales carreteras que conectan la capital costarricense con ciudades del interior, a causa de una protesta que realizan transportistas de carga y taxistas contra la empresa española Riteve SyC, encargada de la revisión técnica de vehículos.
Docenas de furgones se dirigÍan lentamente desde distintas poblaciones hacia la capital, ocasionando colas de vehículos de hasta 5 kilómetros de largo, mientras que grupos de taxistas se concentraban con sus unidades en calles estratégicas de San José.
Medios locales informaban de grandes congestionamientos en la autopista General Cañas, que conecta San José con el aeropuerto internacional Juan Santamaría, y las ciudades de Alajuela y Guanacaste, y Puntarenas, así como en la carretera que comunica con Cartago, al este de la capital.
La protesta fue convocada por la Coordinadora Cívica, integrada por sindicatos del sector público, transportistas, propietarios de talleres mecánicos y agricultores, que adversan a la empresa española, adjudicataria de un contrato exclusivo con el gobierno para la inspección de los automóviles.
Los empresarios de autobuses, que habían anunciado que se sumarían al paro, se retiraron a última hora del movimiento, luego de llegar el sábado a un acuerdo con el gobierno para ajustar las tarifas.
Aunque inicialmente se anunció paros en instituciones públicas, ni los sindicatos ni el gobierno confirmaron que hubiera dependencias estatales parcial o totalmente paralizadas.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, afirmó que el movimiento apenas está iniciando y que se encamina hacia un paro nacional en las próximas semanas.
Los manifestantes confluirán este lunes frente a la Asamblea Legislativa, donde los dirigentes se reunirán con diputados de distintas fracciones para discutir los términos de un documento que les fue entregado desde el pasado martes.
La empresa española asumió hace dos años la revisión vehicular en forma exclusiva, enfrentada al rechazo de distintos sectores que consideran que el contrato suscrito con el gobierno establece un monopolio privado, contrario a la legislación nacional.
La compañía cobra 20 dólares por vehículos livianos y un poco más por los de mayor peso, y el malestar aumentó luego que la empresa empezó a cobrar un 50 por ciento de la tarifa por las “segundas” y subsiguientes revisiones, es decir, cuando los automóviles son rechazados por defectos y deben volver a la inspección.
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