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Regidores y síndicos pidieron al Poder Ejecutivo enviar cambios en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, ya que ninguna municipalidad ni regidores del país fueron consultados.
Carlos SALAZAR/Al Día
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Piden reformar ley anticorrupción Carlos SALAZAR, corresponsal
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San Ramón.- Los regidores de San Ramón acordaron pedir al Poder Ejecutivo que impulse cambios a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, porque consideran que el no pago de dietas es un duro golpe para el régimen municipal.
El alcalde de San Ramón, Osvaldo Vargas, aseguró que a los legisladores se les fue la mano, y muchos concejales, que también son funcionarios públicos, no podrán costear los gastos de su propio bolsillo para desarrollar su labor municipal.
Vargas afirmó que en muchas municipalidades, algunos concejales no volverán a asistir a las sesiones, y mucho menos a las reuniones de las comisiones o a gestionar trámites ante instituciones estatales en el cantón o en San José.
Los regidores ramonenses acordaron que los compañeros y compañeras que trabajan en la función pública, no reciban el monto correspondiente a dietas hasta tanto la Sala Constitucional se pronuncie al respecto.
Además, decidieron respaldar la propuesta de la Municipalidad de Valverde Vega, para que los concejales, alcaldes y quienes convivan con ellos, no declaren el menaje de casa ni el valor de sus prendas de vestir.
El regidor Eladio Carranza aclaró que un pensionado sí puede recibir la dieta, así como participar en diversas juntas directivas, pero no cobrar más de una por su labor. “Apenas alcanza”Para la regidora Rita Arias, “el pago de las dietas no es una suma que podía enriquecer a ninguna persona, porque más bien apenas alcanza para el pago de transporte y teléfono para el servicio que se le presta a la comunidad”.
Además, lamentó que “los señores diputados tuvieron muy poca visión solidaria en lo que respecta a los concejos”.
Por otra parte, el alcalde pidió a los regidores “enviar notas a los señores diputados y diputadas expresando el desacuerdo con esa ley. Ellos aprueban leyes y después las remiendan para andar figurando en la prensa”.
Ayer, la municipalidad de San Ramón envió una nota al presidente de la República, para que en sesiones extraordinarias, la Asamblea Legislativa conozca una reforma a dicha ley, “porque las municipalidades se debilitarán” con la renuncia de regidores y síndicos.
De acuerdo con los artículos 28 y 29, los concejales deberán entregar constancia o certificación a la Contraloría General de la República de lo que percibe por concepto de salarios, pensiones, dietas, comisiones, contratos, propiedades, animales y menaje, entre otros.
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