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En contra
Florentín Meléndez, de la OEA, Ricardo Maduro, presidente hondureño, y Paulo Sergio Pinheiro, relator para la Niñez de la OEA, conversaron el viernes, pero luego los representantes de los derechos humanos, mostraron su negativa de que se apruebe la pena de muerte en ese país.
AFP/Al Día
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Diputado impulsa pena capital
Honduras
Tegucigalpa/ EFE. El presidente del Parlamento de Honduras, Porfirio Lobo, reiteró ayer su determinación de impulsar una reforma constitucional para la reactivación de la pena de muerte en el país.
La reacción de Lobo se dio un día después de que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al presidente de la República, Ricardo Maduro, ratificar cinco tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el de la abolición de la pena de muerte.
La delegación de la CIDH estuvo integrada por los relatores para la Niñez, Paulo Sergio Pinheiro, y sobre Condiciones de Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez.
Lobo aspira a la candidatura presidencial del Partido Nacional, que está en el poder.
Este grupo político encabeza las listas de popularidad de cara a las elecciones que se celebrarán en febrero del 2005. Hacia adelanteEl parlamentario es el principal promotor de un proyecto de reforma constitucional para instaurar la pena de muerte para delitos graves, principalmente aquellos que cometen los miembros de “maras” (pandillas).
El presidente del Parlamento hondureño dijo que busca el apoyo de sus compañeros diputados para que la reforma sea aprobada, pero advirtió que de no lograr el consenso hará uso del plebiscito, de reciente creación, “para que sea el pueblo el que decida si quiere o no que se apruebe la pena de muerte”.
Honduras aprobó la pena de muerte en 1936, pero la abolió en su Constitución de 1957.
El país es, además, suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros foros internacionales defensores de la vida.
En la actualidad, la máxima pena que establece el Código penal del país es la cadena perpetua, que entró en vigor en 1998. En contraEn una rueda de prensa, los miembros de la delegación de la CIDH, que concluyeron el sábado, una visita oficial de cuatro días a Honduras, expresaron sus opiniones legales en contra de la pena de muerte, y señalaron que medidas extremas como esta no son solución a los problemas de inseguridad en los países.
Explicaron que la aplicación de esta figura implicaría que el país denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es signataria.Uno de los representante dijo que denunciar la Convención sobre los Derechos Humanos “es un riesgo para un Estado que tiene una institucionalidad, que ratificó importantes tratados como el Estado de Honduras”.
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