 |
|
Imagen ilustrativa/Al Día
|
Vistazo
Fallida lucha contra pobreza José Luis Vega Carballo
Luego de revisar los datos de la última encuesta nacional de hogares, pocas dudas quedan de que, dentro de la estrategia gubernamental del PLUSC-bipartidismo, la guerra contra la pobreza ha sido relegada a una simple administración de ese flagelo.
Por una parte, aumentó el índice general de pobreza de un 18,5 por ciento, el año pasado, a 21,7 por ciento en éste; y, por otra, destacó la tendencia de la actual Administración a atribuir el problema a factores fuera de su control, como los precios del petróleo o la manera de medir el fenómeno.
Aunque ha aumentado el precio del crudo y, en consecuencia, el costo general de vida y la inflación, la realidad que pesa más sobre las familias de bajos ingresos es la incapacidad de una economía nacional postrada para elevar los niveles de empleo y remuneración del trabajo.
Y, junto a lo anterior, está una falla total de la acción gubernamental para tomar medidas de compensación social y de redistribución del ingreso nacional, a fin de proteger a los más necesitados frente al embate de los factores adversos, sean locales o internacionales.
El gobierno neoliberal deja al vaivén del libre mercado y el libre comercio, de la apertura y la especulación, del peculado y la corrupción en las instituciones del sector social, el nexo entre ingresos y gastos familiares por estrato o clase social, bajo el lema librecambista del “dejar hacer, dejar pasar”.
Después, busca excusas poco creíbles para salir al paso de las críticas y, sobre todo, de la emergente protesta social que afectará –aún más que la corrupción planificada de las cúpulas bipartidistas– la estabilidad política y económica en un futuro muy cercano.
Otros factores negativos son presupuestarios y administrativos. Aunque los recursos estatales asignados son más que suficientes para ir cerrando la brecha social, no llegan a los pobres en un 80 a 90 por ciento de los casos.
Y es que el Ministerio de Hacienda no se los cobra a los ricos evasores de impuestos, los retiene o asigna a injustificados gastos administrativos de la burocracia –mermados, muchas veces, por la corrupción y los desfalcos–, o son desviados de sus objetivos al entregarse a programas ineficaces para atacar la pobreza.
A lo anterior, agreguemos la falta de visión, el desorden y la descoordinación institucional imperantes, que permiten a los jerarcas de ministerios y otras instancias hacerse de la vista gorda con la obligación de aportar fondos y otros recursos a muchos programas sociales.
Al final, todo queda en el papel, aunque quizás en medio de la satisfacción de muchas autoridades del sector social, que así retienen en sus manos cuantiosos recursos para otros propósitos alejados de la lucha contra la pobreza.
Esta triste situación nos deja ver cuán fallida está hoy la lucha contra la pobreza, convertida en una perversa e inútil administración que condena a los pobres a seguir siéndolo, sin esperanza ni oportunidades de movilidad social ascendente.
Un destino adverso que, al perpetuarse irremediablemente de una generación a otra, socava las bases de cualquier sociedad y régimen político democráticos.
|
