Sábado 10 de enero, 2004. San José, Costa Rica.



 

Más recursos Guillermo Hernández (izquierda) y Bolívar Rojas reconocen que para mejorar el trabajo en las investigaciones de “lavado” sobre dinero, se necesita más personal.

Invasión de dinero sucio

Mónica UMAÑA D. / Al Día

La unidad que investiga el lavado de dinero en Costa Rica, empieza el año con necesidades significativas: bajo presupuesto, pocas plazas, aumento de los casos en investigación y la incorporación de sus empleados al régimen del servicio civil.

En entrevista con Al Día, el miércoles a las 3 p.m. en las instalaciones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el director y el jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –encargada de investigar los casos sospechosos de lavado de dinero– Guillermo Hernández y Bolívar Rojas, respectivamente, confirmaron que la institución está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante las investigaciones de “blanqueo” o legitimación de capitales.

En el 2002, la UAF reportó 141 casos sospechosos, mientras que el 2003 cerró con un aumento de 55 por ciento en el número de casos, ya que en total se registraron 253, informó el jefe de la UAF.

Además:

  • Construcciones dudosas
  • “Hemos hecho un esfuerzo importante por conseguir los recursos y poder sostener el trabajo de la unidad de análisis financiero”, explicó Hernández.

    En tanto, Rojas afirmó que en nuestro país hace falta que los costarricenses hagan conciencia y acepten que la legitimación de capitales es una amenaza.

    “En el país tenemos capitales de muy dudosa procedencia y que se están metiendo más... Estamos inundados, Costa Rica está en un problema serio”, señaló Rojas.

    Actualmente la UAF trabaja con tres analistas, un jefe y una secretaria; y para el 2004 tiene un presupuesto de ¢568 millones. El año anterior fue de ¢608,7 millones (¢548 millones presupuesto ordinario y ¢60,7 millones de presupuesto extraordinario).

    Presupuesto y plazas

    En este momento, el ICD está a mitad de un proceso de reestructuración, y eso les permite abrir al menos cinco plazas nuevas. Según Hernández, este proceso finalizaría en abril.

    Un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) publicado por Al Día en agosto del 2003, indica que la UAF ha sufrido un debilitamiento en cuanto a recursos humanos, y presenta deficiencias en personal y presupuesto.

    Al momento de publicar el informe, la UAF tenía a tres personas investigando 124 casos; este año iniciaron labores con los mismos tres investigadores, pero con 253 casos.

    Otro escollo en sus funciones es que el proceso de reestructuración hace que todos los empleados del ICD pasen al régimen del servicio civil, y según el director del instituto, esto les perjudica.

    “La incorporación al servicio civil es una limitante, porque desde el punto de vista salarial nos someteríamos a la escala del sector público, que no es competitiva en este campo. Además, no se puede contratar personal especializado”, dijo Hernández.

    A eso se une la limitación del reclutamiento y selección de personal a contratar en el instituto.

    “Nos parece inconveniente que sea el Servicio Civil el que nos mande una terna para llenar una plaza, ya que aquí se maneja información sensible para las investigaciones”, agregó el director.

    Además, en una resolución de la Sala Constitucional, se le ordenó al ICD no ejecutar el despido contra el jefe de la UAF, José Silva, quien fue removido de su cargo el 14 de agosto del 2003.

    Al funcionario lo cesaron, según dice el acta del Consejo directivo del ICD, “debido a que sus actuaciones han tenido como resultado la pérdida de confianza por parte de los Miembros del Consejo y del Director General”.

    La Sala dijo que a Silva se le violentó el debido proceso, y debe ser reinstalado en su puesto, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso que el interpuso.


    Miércoles, 3:35 p.m. Los jerarcas del Instituto sobre drogas están preocupados por la incorporación de los empleados al régimen del servicio civil.

    Construcciones dudosas

    Costa Rica ocupa una de las fases del modelo internacional del “lavado”, según explicaron funcionarios del Instituto costarricense sobre drogas (ICD).

    Para el director del ICD, Guillermo Hernández, y el jefe de Unidad de análisis financiero, Bolívar Rojas, en nuestro país se presentan modelos propios del “lavado” de capitales. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se da una estafa multimillonaria y las ganancias son invertidas en Costa Rica.

    Según un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), en nuestro país el “blanqueo” de dinero se da en casinos, couriers o mensajeros que contrabandean el dinero, “smurfing” u operaciones fraccionadas, que es cuando los “lavadores” de dinero utilizan bancos para el “blanqueo”.

    Sin embargo, son los proyectos de construcción los que abarcan mucha atención en los investigadores, no así los únicos.

    Los funcionarios explican que hay casos de construcciones que son sumamente lujosas, donde no hay interés en venderlas. “Eso es muy sospechoso y es un modelo típico de ‘lavado’”, advirtió Hernández.

    “El desarrollo de infraestructura sin financiamiento, el aumento de precios de terrenos que tradicionalmente han sido bajos, títulos que se pueden estar negociando en la bolsa a un mayor precio que el del mercado, son sospechosos”, explicó Rojas.

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