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Vigilancia
La Contraloría le pidió al PANI que vigile el manejo de los dineros por concepto de indemnizaciones o pensiones que reciben los menores a cargo de esa entidad.
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PANI devuelve ¢248 millones
Mónica UMAÑA D. / Al Día
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inició –desde la primera semana de enero– la devolución de ¢248 millones a jóvenes que cumplieron la mayoría de edad, y que en algún momento estuvieron bajo el cuidado de esa entidad.
Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) dice que en el PANI se reciben y custodian estos dineros, sin tener certeza de que los menores carecen de representación legal. Ese sería el fundamento para que el PANI asuma la obligación de custodiar y administrar los recursos.
El dinero que están entregando corresponde a indemnizaciones o pensiones provenientes del INS y de la CCSS.
Al respecto, la ministra de la Niñez Rosalía Gil, afirmó que han trabajado para corregir los errores señalados por la Contraloría.
Igualmente, la gerente de Administración del PANI, Marielos Salvado, reconoció que han administrado estos dineros en forma rudimentaria, y que por eso aún tienen plata de jóvenes que no se han podido localizar para hacer la devolución.
“A raíz del informe de la Contraloría se compró un sistema de cómputo para localizar a las personas, y le pedimos al Registro civil los datos necesarios para llamarlos. Ellos ni siquiera sabían que tenían esos recursos”, explicó Salvado.
La oficina de prensa del PANI confirmó que la labor de devolución de dineros es lenta, ya que tienen que buscar a los muchachos y confirmar que sea la persona correcta. Es por eso que aún no tienen definido el total de jóvenes que recibirán el dinero.
Preocupación
El informe, con fecha 29 de octubre del 2003, dice además que la administración de estos dineros le origina al PANI costos innecesarios, que con una adecuada coordinación con ambas instituciones (INS y CCSS), resultaría en una reducción de trámites y costos administrativos para las tres entidades, “y por ende en una mejor utilización de los recursos públicos que actualmente se destinan a estas gestiones”.
El ente contralor también cuestiona que las pensiones de la CCSS son retiradas por funcionarios, administradores y madres sustitutas de los albergues. Para la Contraloría esta práctica es totalmente inconveniente y conlleva un alto riesgo de control ya que permite a varias personas tener acceso a los dineros sin una adecuada supervisión.
“Los registros en las oficinas son mínimos y poco uniformes, lo que podría propiciar errores en perjuicio del menor. La Unidad de bienes de menores que trabaja en el PANI tampoco tiene forma de controlar si todo lo que retiran los funcionarios ha sido debidamente depositado o no”, dice el documento.
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