Martes 27 de enero, 2004. San José, Costa Rica.



 

Punto y aparte

Vladimir de la Cruz
No encarecer bienes ni servicios

El proyecto de reforma fiscal, que se discute en la Asamblea Legislativa, pretende transformar el Impuesto de Ventas, que paga el 13%, a una nueva categoría llamada Impuesto de Valor Agregado (IVA). No es un simple cambio de nombre, sino una medida orientada a ampliar la base impositiva, o sea que más bienes y servicios se verán afectados con este impuesto.

El Valor Agregado es el valor que se agrega a los bienes en su proceso de transformación, desde la materia prima hasta el producto final, lo cual significa que en cada etapa de elaboración del producto se va agregando un valor, que se refleja en el precio del mismo.

En la propuesta legislativa se grava con el IVA a los servicios, especialmente profesionales y ocupacionales, lo cual es desacertado e improcedente, pues no son mercancías fácilmente detectables. ¿Cómo determinar, por ejemplo, el valor agregado de cortar el pelo, de redactar una demanda judicial, de realizar un estudio de factibilidad, de elaborar un plano, de una consulta médica?

Al igual que con la reforma fiscal al impuesto sobre la renta, pareciera que los miembros de la Comisión Mixta Fiscal y las autoridades de gobierno, no se han tomado el tiempo para pensar y reflexionar el caos que provocará gravar con el IVA los servicios, puesto que todos los servicios los gravan y aumentan escalonadamente su pago hasta un 18%, excepto la salud y la educación privada que tienden a bajarlos a un 6%. ¿Por qué solo la salud y la educación privada gozan de este beneficio? ¿Por qué un 6% y no un 3% o un 9%? ¿Cuál es el impacto de esta variación?

Las respuestas a estas interrogantes no se han dicho por los miembros de la Comisión Mixta Legislativa. Lo único real sobre ellas es que el porcentaje es antojadizo, propio de un impuesto sin sustento técnico y filosófico, y que fueron los gremios del sector salud y educación privada los que presionaron a los diputados durante esta discussion.

Tampoco tiene sentido que dos actividades que el Estado provee, como son la educación y la salud, sean privilegiadas y otras, donde el ciudadano no tiene opción estatal, como corte de pelo, servicios de abogacía, paguen el porcentaje del 13% y más.

Igualmente, no se ha estimado, ni siquiera de manera aproximada, el impacto de haber reducido el porcentaje a la salud y educación privada. Lo único que han estimado los diputados, probablemente es que ellos ganan con esa medida legislada en beneficio propio, lo cual reafirma lo antojadizo de esa legislación.

La propuesta del IVA tiene además dos debilidades. La dificultad para administrar la recaudación de dicho impuesto, puesto que si la eficacia y eficiencia no es buena con una base impositiva como la actual, es más difícil suponer que se mejorará con una base más amplia, con más sectores y agentes tributarios a los que se les debe cobrar. Asímismo, el IVA encarece el precio de los bienes y servicios, lo cual elevará el costo de la vida y afecta negativamente el desarrollo económico y social del país, lo cual debería ser la atención y el objetivo de la política económica y fiscal de los gobernantes.

Frente al IVA se requiere mesura y reflexión y no acciones atropelladas y antojadizas. Es mejor tarde, pero seguro.

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