Martes 6 de julio, 2004. San José, Costa Rica.


 


 

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Álex Solís, Contralor General.

Definen cargos contra Solís

Pablo GUERÉN CATEPILLÁN

La comisión legislativa que analiza los cuestionamientos sobre el Contralor, Álex Solís, definió anoche 13 cargos que serán indagados, y emitió una resolución donde advierte que, de llegar a ser probados, podrían desembocar en la recomendación al plenario de la revocatoria o nulidad del nombramiento de Solís.

Ambas posibilidades se sugerirían argumentando la “falta del requisito” de reconocida honorabilidad para ser electo Contralor (artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría), y el artículo 183 de la Constitución que permite al Congreso la remoción del Contralor si “se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos”.

Los 13 cargos que serán indagados contra Solís se refieren a:

- “Posible otorgamiento y facilitación de créditos hipotecarios que fueron utilizados para financiar el desplazamiento de personas a otros países en forma irregular, siendo esta circunstancia de conocimiento de Álex Solís en momentos de girar los recursos”.

- Ocho presuntas falsificaciones de la firma de Ottón Solís (presidente del PAC, hermano del Contralor), “por parte de Alex Solís” en diversas escrituras desde 1995 a 2001.

-“Presunta falsificación de la firma de Consuelo Fallas (madre del Contralor), “por parte de Álex Solís en escrito del 7 de abril del 2000”.

– “Presunta falsificación de firmas de Claudia Quirós (esposa del Contralor), por parte de Álex Solís, en un escrito del 24 de marzo del 2000, 27 de marzo del 2000”.

– Posible irregularidad en la obtención de una escritura administrativa del IDA en el sector de Corpus Christie, en las afueras de San Isidro de Pérez Zeledón.

Más plazo

La resolución será notificada hoy a Solís, quien tendrá cinco días naturales para presentar pruebas de descargo. La misma resolución garantiza a Solís el derecho a ser “escuchado” por los diputados.

Aún no se fija fecha para esa comparecencia. También serán citados Ottón Solís, el compañero del bufete de Álex Solís en San Isidro de El General, Miguel Salazar, la secretaria de esa oficina, Magda Salazar, William Zúñiga, quien reconoció ser coyote, y el abogado Emilio Díaz.

Los diputados aprobaron una moción para extender en 30 días el plazo de la comisión para entregar su informe.

Solís desafió el jueves al Congreso, al anunciar que no se va, a pesar de que se lo pidieron 40 diputados. Dijo ser víctima de una “emboscada política”.

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