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REUNIDOS
La Junta Directiva de la Caja se reunió ayer en la tarde en el Bufette Calderón y Asociados. En la imagen, tomada ayer a las 5:30 p.m., aparecen Milena Ocampo, Eugenio Trejos, el abogado Horacio Mejías, José Ángel Obando y Edwin Méndez Mata.
José RIVERA/Al Día
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Suspenden a directiva de la Caja Elaboraron esta información: Mónica GÓMEZ, Magally BATISTA, Mónica UMAÑA, Erick CARVAJAL, Pablo GUERÉN y Carlos LÁSCAREZ.
Los nueve miembros de la junta directiva de la Caja del Seguro Social fueron suspendidos ayer de sus cargos, por seis meses, ante un presunto desvío de fondos públicos –¢1,9 millones –, según consta en una resolución adoptada por Aníbal Loaiza, Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
La medida estableció que los directivos tienen prohibido comunicarse con funcionarios de las oficinas administrativas de esa institución y deben presentarse a firmar cada 15 días a la Fiscalía de Delitos Económicos.
La resolución determinó que los directivos Horacio Solano, Edwin Méndez Mata, Milena Ocampo, Gerardo Bolaños, Carlos Castro, Jorge Chaves, Gustavo Gutiérrez, José Ángel Obando y Eugenio Trejos, acordaron en forma unánime el 22 de abril, en la sesión 7850, publicar campos pagados en cuatro diarios de circulación nacional, “con el único fin de favorecer a un particular ante cuestionamientos en sus funciones”. El documento del juez señala en este caso a Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de esa entidad.
Los campos pagados responden a la renuncia de Vargas el 21 de abril, luego de que el periódico La Nación informara que el entonces jerarca de la CCSS habita en alquiler una lujosa vivienda, propiedad del exgerente financiero de Corporación Fischel, Olman Valverde.
El documento del juez indicó que la desviación hasta el momento asciende a ¢1.923.900, que es el valor total del servicio prestado.
Loaiza consideró que la actuación de los directivos es “constitutiva de un delito de peculado” y obedece a un actuar precitado en respaldo de un funcionario, cuando en función de sus cargos debieron de actuar con mayor cautela.
El juez razonó que los subalternos podrían ser solidarios con la junta directiva e incurrir en ocultamiento de datos para la investigación del Ministerio Público, como ocurrió con siete expedientes del préstamo finlandés que no fueron localizados en un primer allanamiento del 7 mayo, lo que requirió una segunda intervención sorpresa el 17 de ese mismo mes. Un mesLas medidas cautelares aplicadas por el juzgado dejan a la institución acéfala, pero la resolución también estipuló que deben sustituirse a los funcionarios suspendidos.
Los gerentes de área de la Caja informaron ayer que la entidad funcionara con normalidad un mes, pero después de ese lapso, si no sustituyen a los directivos, entraría a un proceso de crisis en cuanto a la compra de suministros.
La decisión judicial se da dos días después de que los directivos fueran indagados por la Fiscalía de Delitos Económicos, por la presunta comisión del delito de peculado. El artículo 354 del Código Penal señala que el peculado se refiere a la persona que sustrae o distrae dinero, cuya administración o custodia le fue confiada.
Los nueve directores fueron citados hoy a las 8 a.m. en los Tribunales de Goicoechea, para ser notificados de la resolución del juez penal.
Los directores, al ser consultados ayer sobre la resolución, explicaron que la apelarán. El abogado Horacio Mejías, defensor de los directivos, atribuyó la medida a la presión ejercida por los medios de comunicación.
“Hemos decidido obedecer la orden del juzgado y respetar las medidas cautelares que se dictaron, pero las vamos a impugnar, vamos a ejercer los recursos que la ley nos da”, dijo Mejías, tras una reunión en el bufette Calderón y Asociados, en el barrio Los Yoses. CrisisEl presidente Pacheco recibirá hoy, entre las 11 a.m. y la 1 de la tarde, a los cuatro miembros de la Comisión de Notables que indaga a la Caja, y a la ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, para decidir quienes serán el sucesor de Solano y los representantes del Poder Ejecutivo ante la junta directiva.
Pacheco explicó que se garantizará la prestación normal de servicios, con lo que la suspensión de los funcionarios no afectará ninguna operación ni entrega de medicamentos.
Los cuatro miembros de la Comisión, nombrada por el Ejecutivo para indagar las denuncias que pesan sobre la Caja, hoy se reunirán por la mañana con el Fiscal General, Francisco Dall’Anese, afirmaron ayer Dunia Chacón y Rafael Carrillo, integrantes del grupo de Notables.
Los cinco gerentes de la Caja —Luis Escalante, Operaciones; René Escalante, Administrativo; Eduardo López, Médico; Juan Luis Delgado, Pensiones; y José Alberto Acuña, Financiero— informaron ayer, en rueda de prensa, que esa entidad funcionará normalmente en materia de compras , por un mes, sin necesidad de decisiones de junta.
Sin embargo, advirtieron, que la entidad podría entrar en un periodo crítico después de ese plazo, porque hay decisiones sobre adquisiciones, que trascienden las potestades que tienen los gerentes, cuyo límite de compra son ¢60 millones.
Informaron que están confiados de que el Gobierno proceda con la celeridad del caso, para nombrar a los tres directivos que les corresponde, y que los patronos y trabajadores hagan lo mismo con los seis restantes.
Los funcionarios afirmaron que está en trámite la compra de 18 productos, que requieren acuerdo de junta directiva, y que urge la aprobación de la compra de un suero, aunque hay dos productos sustitutos que resolverían el problema, temporalmente.
Coincidieron en que en este momento, no hay existencias críticas.
López fue nombrado antenoche como coordinador del
cuerpo gerencial, ante la inminente suspensión
de los directivos.
Apelación inminente
Horacio Mejías, abogado de los directivos de la Caja del Seguro Social, confirmó ayer al filo de las 6:00 p.m. que en los próximos tres días apelará la decisión del juez Aníbal Loaiza.
Los nueve miembros de la Junta Directiva se reunieron ayer, en el bufette Calderón y Asociados, donde discutieron los alcances de la decisión del juez.
Hoy a las 8:00 a.m deberán presentarse ante Loaiza, en el Juzgado Penal del II Circuito, en Goicoechea, donde serán notificados personalmente de las medidas.
El Presidente ejecutivo y directivo de la Caja, Horacio Solano, creyó que en un principio las medidas solicitadas por la Fiscalía no aplicarían en su caso, debido a que cuando se aprobó la publicación del campo pagado, no había sido juramentado en su cargo.
“No me siento responsable de esta situación y soy muy respetuoso de las leyes. Me entristece, porque soy un médico que ha dedicado su vida al seguro social, y me da mucha preocupación”, aseguró Solano.
Sobre el futuro de la Caja, Solano dijo que se deben tomar medidas urgentes, para restituir a la junta directiva.
“Confío en que no haya ninguna afectación en la compra de medicamentos, porque perjudica a la población”, advirtió el funcionario.
Mejías, por su parte, criticó anoche al juez que resolvió contra la directiva de la CCSS, y calificó las medidas cautelares como “desproporcionadas”.
“Ofrecimos prueba de que la Caja no erogó cinco céntimos, el costo de las publicaciones fueron pagados por los directivos, y no se analizó absolutamente nada. Se demuestra lo pésima que anda la administración de justicia, porque se involucra a una persona que ni siquiera pudo votar, que es Horacio Solano. En la apelación vamos a hacer valer todas esas irregularidades”, alegó.
Entre tanto, el directivo Gustavo Gutiérrez resaltó su preocupación por las consecuencias que traerá para los costarricenses la suspensión de la junta directiva.
“Esta es una institución que no debe parar. ¿Qué vamos a hacer con una institución paralizada, donde habrá algunos medicamentos escaseando?”, se cuestionó.
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Notificación
Jorge Chaves, Horacio Solano y Gerardo Bolaños, reunidos ayer, a las 6:00 p.m., en el Bufette Calderón y Asociados, deberán presentarse hoy, junto a los otros seis miembros de la junta directiva, ante el juez Aníbal Loaiza.
José RIVERA/Al Día
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Razones de peso
En su resolución, Aníbal Loaiza, Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, consideró varias razones de peso para dictar las medidas cautelares contra los nueve directivos de la Caja:
Considera que la actuación de los directivos constituye un delito de peculado, ya que en sesión 7850 de la Junta Directiva de la CCSS, el 22 de abril, se aprobó un acuerdo para realizar varias publicaciones de prensa en favor de Eliseo Vargas, expresidente de la Caja, por un monto de 1.923.900
La resolución “... fue un acuerdo en conjunto porque de esta manera consta en las grabaciones y transcripciones de las sesiones de la Junta Directiva”.
El mismo 22 de abril, la junta directiva envía a la Dirección de Comunicación de la CCSS, las instrucciones para que coordine lo necesario para las publicaciones.
Esto, según la resolución, daría “...la irregularidad en el manejo de los Fondos que administraba la Junta Directiva de la CCSS y por consiguiente la desviación de los dineros públicos que les han sido encomendados por la Sociedad Costarricense”.
Para Loaiza, la presencia de los miembros de la Junta Directiva en sus puestos puede influenciar en forma negativa la investigación, los testimonios de funcionarios e incluso la recolección de los documentos.
Además señala “...que existieron intentos para ocultar el material probatorio y ello se demuestra en los allanamientos, dado que el material probatorio no fue suministrado en el primer allanamiento (7 de mayo) sino hasta un segundo allanamiento (16 de mayo)”.
Señala que “...muchos de los testigos son empleados subordinados a los imputados, y que esto puede crear sentimientos de solidaridad y obediencia”.
El juez consideró “...que de conformidad con el artículo 244 del Código Procesal Penal, resulta procedente acoger parcialmente la solicitud que ha formulado el Ministerio Público (...) Esto a fin de que se evite un serio peligro de obstaculización de la investigación”.
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