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La acción del Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Paula Guido y Willie Escalante. Aquí en un receso ayer, durante la audiencia de la mañana. Manuel Vega
/Al Día
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Piden 100 años de cárcel Rodolfo MARTIN
rmartin@aldia.co.cr
Cuatro hombres y una mujer, acusados por el secuestro de dos mujeres y dos niños el 7 de setiembre del 2001, sintieron ayer en carne propia la drasticidad del Ministerio Público cuando, en las conclusiones finales del juicio que se les sigue desde noviembre, la fiscal Paula Guido pidió contra ellos la pena máxima de 20 años de prisión para cada uno.
La firmeza de la fiscalía, que se refleja en una suma total de 100 años de cárcel, obedece a que para la parte acusadora, el delito no solo se dio de manera agravada, sino también porque las víctimas “fueron sometidas a un castigo innecesario” en un claro menoscabo a su seguridad personal, la dignidad humana, la salud y el decoro.
Algunos de los defensores adversaron la posición del Ministerio Público y la calificaron, entre otras cosas, como falta de objetividad.
Los sospechosos responden a los apellidos Barboza, Solano, Pérez y Vargas, mientras que la mujer es de apellido Vargas.
El secuestro ocurrió en perjuicio de Gabriela Díaz Vindas, de 32 años, su hijo Luis Diego Escalante, de 4 años, su sobrino Bill Guillén, de 3 años, y la servidora doméstica Yorleni Cajuna, de 20.
Los sospechosos Barboza y Solano permanecen detenidos en la Unidad de Admisión de San José.
La mujer Vargas, en el centro penitenciario El Buen Pastor.
Pérez y Vargas están libres, pero enfrentan algunas medidas cautelares.
La fiscal también pidió que a los detenidos se les prolongue la prisión preventiva y a los que están libres se les revoque la excarcelación.
Igualmente, pidió una indemnización por ¢25 millones para Cajuna quien, tras el secuestro no volvió a ser la misma.
“Siente que es perseguida constantemente. Perdió el apetito, se volvió arisca y ahora cambia todo el tiempo de trabajo. Aunque fue liberada, el secuestro la perseguirá por el resto de la vida”, refirió la fiscal Guido.
En la causa aparecen otros cinco acusados, tres hombres y dos mujeres, quienes se acogieron a un juicio abreviado.
Son de apellidos Aguilar, Arellano y Arias, a quienes se les fijó una pena de seis años y ocho meses de prisión. A las mujeres, de apellidos Sánchez y Valverde, se ls impuso cuatro años.
El secuestro ocurrió en Rohrmoser, en Pavas. Las víctimas fueron interceptadas cuando se dirigían a un centro infantil.
Los captores pedían un rescate de $2 millones.
Las capturas y liberación tuvieron lugar el 18 de setiembre, en una cabaña en Birrí de Jesús de Santa Bárbara de Heredia.
La idea del plagio fue de Pérez, por su cercanía con el empresario Bill Guillén Álvarez, padre de una de las víctimas, según la Unidad de Secuestros del Ministerio Público.
Algunos defensores, como Carlos Rodríguez Rescia, Jorge Rojas y Luis Bonilla, objetaron la utilización de eximputados que se acogieron a procesos abreviados como testigos del la Fiscalía durante el juicio.
Igualmente, objetaron que el debate estuviera “colapsado” por distintos cambios de abogados, lo que los hizo hacer reserva de casación.
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