Viernes 5 de marzo, 2004. San José, Costa Rica.



 

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Buscan responsables
El ministro de Turismo, Rodrigo Castro, compareció dos veces ante los diputados, quienes ayer aprobaron un voto de censura en su contra.
/Al Día

Piden a ICT no pagar a Credomatic

Mónica UMAÑA/Al Día

Los diputados de la comisión legislativa de control de ingreso y gasto público aprobaron ayer una moción en la que se determinó que la junta directiva del ICT no debería pagar a la empresa Credomatic los $70 mil (¢29,7 millones), correspondientes a un convenio firmado con esa empresa, hasta tanto la Contraloría no presente un informe.

La Contraloría General de la República inició el jueves 5 de febrero una indagación sobre el contrato de patrocinio que el ICT firmó con Credomatic de Costa Rica S. A. para el recital del tenor italiano Luciano Pavarotti, efecutado el 31 de enero. La moción, aprobada por seis de los siete diputados que conforman esa comisión, también establece un voto de censura en contra del Ministro de Turismo, Rodrigo Castro, y le pide al presidente Abel Pacheco, que inicie un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa en cuanto a la firma de este convenio.

Al respecto, el Ministro dijo que respeta el criterio de la comisión, aunque hay algunos aspectos que no comparte.

“En todo momento hemos demostrado con la documentación debida, que este fue un proceso apegado a los principios de legalidad, y a los criterios de conveniencia y oportunidad, dado por los departamentos correspondientes de la institución”, señaló Castro.

Sin respaldo

Sobre este tema, en el primer punto de la moción se aclara que, según el comité técnico de la dirección de promoción del ICT, el acuerdo no contó con un criterio técnico positivo, y que, incluso, se dijo que existía insuficiente información para analizar el costo-beneficio del patrocinio, además de que hubo poco tiempo para estudiarlo.

“Se dice que los criterios técnicos son poco fundamentados, y ambos fueron positivos para patrocinar el evento”, rebatió ayer vía telefónica el Ministro.

“Esto ha llegado a los canales adecuados, y me parece que es muy adecuado. Nos alegramos muchísimo de que los señores diputados reconozcan en la Contraloría el ente oficial para determinar la verdad de los hechos, y si los recursos se utilizaron apegados a los principios de legalidad que establece la Ley de contratación administrativa”, agregó.

Para el diputado del PAC, Rodrigo Alberto Carazo, esta decisión es un ejercicio de control político eficiente y oportuno.

“Declaramos la responsabilidad política del Ministro, y la declaramos por la forma como manejó los fondos públicos, censuramos sus acciones, y solicitamos que se defina la responsabilidad administrativa. Además, la decisión deplora lo que hizo la Junta Directiva”, aseveró Carazo.

Por su parte, el diputado liberacionista, Luis Gerardo Villanueva, dijo que con la moción aprobada, se está sentando un precedente para que otras instituciones se encarguen de manejar los recursos del Estado con mejores destinos.

“Estamos asegurando que se sienten las responsabilidades como es debido, ya que si hay delito no quedará impune, pues al llegar a la Contraloría se asegura que en algún momento se fijen responsabilidades, y se pueda llegar hasta el Ministerio Público”, señaló Villanueva en un comunicado de prensa.

Los diputados pidieron a la junta directiva del ICT elaborar en forma urgente un reglamento para regular la utilización de futuras cortesías que reciban, producto del cumplimiento de sus objetivos.

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