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Para algunos diputados la inclusión de una garantía a quienes ingresen a nuestro país y el pago que deban hacer los patronos por los extranjeros que contraten, provocaría el encarecimiento de una mano de obra muy necesaria.
Foto Ilustrativa/Al Día
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Polémica por cobro de garantía Álvaro SÁNCHEZ CÓRDOBA
alvarosanchez@aldia.co.cr
La polémica se encendió en la región, tras conocerse que la nueva Ley Migratoria, recién dictaminada por una comisión de la Asamblea Legislativa, contempla en su artículo 90 que todos los extranjeros que ingresen al país, bajo diversos rangos de residencia y estudio, deberán cancelar una garantía equivalente al costo de un pasaje aéreo desde el país de procedencia al nuestro.
“Todo extranjero autorizado para ingresar como residente permanente, temporal, estudiante y no residente, estos últimos cuando corresponda según el reglamento a la presente Ley, deberá depositar una garantía en dinero efectivo”, dice el artículo.
Esta ley no contempla a las personas que ingresen a trabajar por temporadas (trabajadores estacionales) y aquellos que ingresen a diario a laborar (trabajadores transfronterizos).
Tampoco incluye a más de 1.500 estudiantes nicaragüenses que entran diariamente al país, para estudiar en nuestros centros educativos.
No obstante, los patronos de esos trabajadores estacionales y transfronterizos deberán cargar con el depósito de garantía.
“El patrono de los extranjeros autorizados para ingresar y permanecer bajo las categorías mencionadas, deberá realizar un depósito de garantía global, de conformidad con lo que determine el reglamento a la presente Ley. En caso de no cumplir con las condiciones tenidas en cuenta para autorizar el ingreso de extranjeros bajo las categorías referidas, el patrono perderá en su totalidad, el depósito”, agrega el proyecto de ley, que pasará en los próximos días al Plenario para su discusión.
Para el diputado verdiblanco, Álvaro González, el documento requiere de una serie de cambios, pues las personas que ingresan todos los días a nuestro país requieren un trato especial.
“No creo conveniente el cobro de una garantía, ya que afectaría a los patronos. Hay actividades con la caña, la recolección de naranjas y el café, donde son grandes cantidades de trabajadores”, alegó.
Por su parte, el diputado libertario Carlos Salazar indicó que “me preocupa el cobro de una garantía, pues afectará, sin duda, el costo para los patronos de la mano de obra. Esta ley requiere más análisis”. Por el estudioOtro de los puntos polémicos es que más de 1.500 estudiantes que cruzan la frontera a diario para asistir a centros educativos costarricenses, deberán portar, a partir de la aprobación de la normativa, un permiso especial extendido por la Dirección de Migración y Extranjería.
Unos diez centros educativos, principalmente de Upala y Pocosol, tienen una gran cantidad de estudiantes nicaragüenses matriculados.
A criterio del director de Migración, Marco Badilla, esos estudiantes son considerados como ilegales, aunque estén matriculados en las escuelas y colegios.
Además, los trabajadores, llamados en la ley transfronterizos, quienes cruzan la frontera para trabajar deben tener visa y un permiso especial para laborar de lado tico.
“Sabemos que muchos de ellos entran por puntos no autorizados y que no cuentan con ningún permiso, pues todos los días entran y salen”, explicó Badilla.
Para el diputado Carlos Avendaño, miembro de la Comisión que analizó el texto de la normativa, “es urgente poner orden en este campo, donde ha imperado el caos”.
El legislador advirtió que el gobierno debe definir una política migratoria, por lo que es importante la ley.
“Necesitamos medidas que permitan regular el trabajo de los migrantes en el país, ofrecer mejores condiciones a los que estén legalmente, impedir el ingreso de mafiosos y mediante un ordenamiento migratorio, asegurarnos que los nacionales tendrán mejores condiciones de vida”, agregó. MultasLa Ley Migratoria también contempla multas que van desde los tres hasta los veinte salarios mínimos para un patrono que dé trabajo a una persona que se encuentra ilegalmente en nuestro país.
Además, agrega el texto dictaminado, el patrono que otorgue un contrato simulado o falso para facilitar la obtención de una visa a un extranjero, será sancionado con una pena de 3 a 5 años de cárcel.
Ayer se intentó conversar con el director de la Pastoral Social de Ciudad Quesada, Ricardo Rodríguez. Aunque Rodríguez dijo que devolvería la llamada, no lo hizo.
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