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IMPUESTOS
Tributación Directa afirma que la empresa Mall San Pedro M.O.S.A reportó ¢1.664 millones menos en su declaración de impuestos de 1996.
Foto Ilustrativa/Al Día
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Presunta evasión de ¢1.664 millones Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr
Una presunta evasión de ¢1.664 millones en el pago de impuestos, a la que es vinculada la empresa Mall San Pedro M.O. S.A., fue denunciada por la Dirección General de Tributación Directa, y llevada a juicio por la Procuraduría General de la República, en representación del Estado.
El caso lo confirmó ayer a Al Día José Armando Fallas, director de Tributación Directa. La Procuraduría interpuso una demanda ordinaria.
El caso se remonta a 1998, tras una fiscalización de Tributación Directa en la que se determinó que existía una diferencia de ¢1.664 millones entre la declaración de impuestos presentada por la constructora del mall, Mall San Pedro M.O.S.A Sociedad Anónima –correspondiente al período fiscal de 1996– y lo que realmente debían pagar.
La administración tributaria hizo una auditoría en ese mismo año para determinar las obligaciones tributarias de la empresa. Tras ese estudio se determinó que supuestamente habían dejado de pagar la millonaria suma en impuestos, producto de la venta de locales comerciales.
“Se le comunicó a los representantes de la empresa que en la revisión hecha se determinó el faltante, se les dio 30 días para refutar el resultado de la auditoría, y para que presentaran sus documentos, que probaran lo que habían dicho en la declaración jurada”, explicó Fallas. InconsistenciasSegún Fallas, la empresa presentó una declaración jurada con inconsistencias. Por ejemplo, los precios de venta de los locales no tenían ninguna relación con los costos reales de construcción.
La empresa rebatió los cargos y presentó las pruebas, sin embargo la administración tributaria ratificó su posición, diciendo que la empresa debía efectuar el pago.
El Mall San Pedro presentó un recurso de revocatoria. Esto derivó en una nueva resolución de administración tributaria, que dio la razón a la sociedad anónima, y dejó sin efecto la primera resolución de Tributación.
El Estado pretende que se declare nula esa última resolución AU-01-R-27-3 dictada por la gerencia de la Administración Tributaria de San José.
Guido Granados, representante legal del Mall San Pedro, señaló que no se puede referir al tema. Dijo que aún no han sido notificados de ningún juicio en contra del Mall. “Nosotros somos los que tenemos la razón y no Tributación Directa, y así será confirmado en su momento”, expresó. InvestigacionesLa División de Fiscalización de Tributación Directa manifestó su disconformidad por la decisión de darle la razón al Mall San Pedro, y el 20 de marzo del 2003 se nombró una comisión investigadora –formada por abogados, ingenieros y auditores– para que analizara si lo resuelto en favor del Mall San Pedro era correcto.
Esta comisión rindió un informe el 29 de agosto de ese mismo año, en el que indicó que la resolución que dejó sin efecto el ajuste por ¢1.664 millones contenía supuestas graves irregularidades, por lo tanto se remitió a la Gerencia de recursos humanos de Tributación, para que se determinen las responsabilidades disciplinarias contra los empleados involucrados en el caso.
Esa gerencia determinó que existían suficientes elementos de juicio para solicitar una gestión de despido contra los dos funcionarios, y así se lo recomendaron al Ministro de Hacienda.
Se integró un órgano investigador conformado por cuatro funcionarios, quienes el 22 de enero del 2004 hicieron las recomendaciones de suspensión y despido para los funcionarios, que fueron acogidas por el Ministro.
Un mes después, dos funcionarios fueron despedidos. Un tercero fue sancionado por 15 días, y actualmente el caso se encuentra en el Tribunal del Servicio Civil.
Ahora la administración tributaria debe esperar a que se resuelva el proceso ordinario de lesividad.
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José Armando Fallas, Director de Tributación Directa.
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Por definir
El exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrealba, aseguró ayer que en el caso del Mall San Pedro, donde la diferencia entre lo declarado en impuestos y lo que se debía pagar era de ¢1.664 millones, lo normal hubiera sido que antes de dejar sin efecto la primera resolución de la administración tributaria, discutir el tema con la división de fiscalización, y la Dirección de Dributación.
“Por prudencia, antes de dejar sin efecto un caso tan grande, se hubiera discutido a niveles superiores”, dijo Torrealba.
Mientras estuvo al frente de Tributación, a Torrealba se le pidió que analizara si el caso estuvo bien resuelto, porque a la División de Fiscalización le preocupaba haber invertido muchos recursos en este caso, y que fuese dejado sin efecto por el área legal, dijo vía telefónica.
Por su parte, el Procurador, Luis Fernando Pérez Morai, explicó que el Estado presentó una acción de lesividad, y trasladó la demanda al juzgado contencioso administrativo. El proceso puede tardar en resolverse hasta cinco años.
Pérez Morai explicó que si la acción prospera, el Estado deberá cobrar un recargo por mora, multas e intereses. El monto final debe ser definido por Tributación Directa.
En tanto el director del Servicio Civil, Guillermo Lee, dijo que el despido de dos funcionarios de Tributación Directa vinculados con el caso del Mall San Pedro se elevó al Tribunal del Servicio Civil, compuesto por tres abogados nombrados por el Consejo de Gobierno, quienes deben decidir si procede o no la destitución. El tribunal tiene 40 días máximo para dar su sentencia.
Según la legislación laboral, los funcionarios están suspendidos con goce de salario.
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