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El Concejo de la Sociedad Civil asegura que en el sitio donde se explotó el tajo Loma Barrantes, en Aguas Zarcas, habían bosques, lo que ocasionó una erosión hacia el sur del cerro.
Foto Ilustrativa/Al Día
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Denuncian a funcionarios del MINAE Elsa ROJAS, corresponsal
Ciudad Quesada.- Aunque es una historia un tanto vieja, una nueva denuncia revivió el caso del tajo Loma Barrantes, en Aguas Zarcas.
La denuncia fue presentada por el Concejo de la Sociedad Civil para la protección del Medio Ambiente en contra de las funcionarias Sofía Huapaya y Marlene Salazar, de Geología y Minas, así como Francisco Fernández, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Ambas son dependencias del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Según Omar Morales, presidente del Concejo, tras recibir varias denuncias de los vecinos del lugar, se dieron a la tarea de investigar el expediente y encontraron varias incongruencias.
Morales manifestó que hay fotografías que demuestran que en el sitio hubo bosque, antes de iniciar la explotación del tajo. Al cortarlos, se dio la erosión hacia el sur del cerro, agregó.
También expresó su inquietud porque los informes de la sub-región del MINAE en Pital y los de la SETENA resultan contradictorios, pues en el informe de algunos funcionarios se habla de que eso era un potrero abandonado, mientras que en el del Contralor Ambiental se menciona que el sitio era bosque privado.
Morales consideró que los funcionarios denunciados actuaron a favor del empresario, sin importar que se estaba perjudicando el bosque y los mantos acuíferos que protege.
Ninguno de los imputados tenía conocimiento de la denuncia, hasta que este medio les envió una copia y dijeron que el caso tiene ya más de 4 años, por lo que no lo tenían presente. “No fue así”Marlene Salazar, subdirectora de Geología y Minas, negó que la situación se diera tal y como la describe Morales.
Según explicó la geóloga, cuando se tramitó esa concesión, la ley decía que primero se otorgaba el permiso de explotación y luego se daban 90 días para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Aseveró que el permiso se dio de una manera adecuada, siguiendo los criterios técnicos, geológicos y mineros y el procedimiento establecido en el Código Minero.
Francisco Fernández, otro de los acusados, prefirió no dar declaraciones hasta tener la comunicación oficial de los Tribunales de Justicia sobre esta denuncia, pero sí adelantó que su función sólo consistía en ir al sitio para valorar cuál era el lugar dónde se debía realizar el EIA. Aclaró que a él nunca le correspondió hacer el estudio o dar el visto bueno.
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