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Funcionarios del Ministerio Público allanaron el viernes varias oficinas de la Caja, en busca de actas y documentos. Ayer se revelaron varios logros de esos allanamientos.
Foto Ilustrativa/Al Día
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12 fiscales investigan a la Caja Pablo GUERÉN CATEPILLÁN
pgueren@aldia.co.cr
12 fiscales de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público y dos auditores del OIJ están analizando todo lo decomisado en los seis allanamientos hechos el pasado viernes, relacionados con la investigación sobre presuntas anomalías en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo confirmó ayer el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial.
Esa instancia reveló resultados de los allanamientos:
– No se decomisó equipo de cómputo.
– Se decomisó gran cantidad de documentos sobre el préstamo de Finlandia.
– Se decomisó el protocolo de un notario público.
– Se decomisó información relacionada con la empresa que es propietaria de la vivienda que alquila Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de la CCSS.
– Hasta ayer se había entrevistado a 15 personas, que brindaron información sobre diversos aspectos de la investigación.
– Se ha recibido información de manera anónima, de la cual se está tratando de determinar su veracidad. “Los anónimos dan información sobre hechos presuntamente irregulares en torno a las actuaciones de la CCSS, los cuales no son descartados, se investigan”, añadió el Poder Judicial. AccionistasA pesar de estos resultados, una fuente judicial confirmó a Al Día que en uno de los allanamientos no fue posible localizar un “libro de accionistas”, que se tenía entre las prioridades.
El viernes, el Ministerio Público allanó las oficinas de la junta directiva de la CCSS y las oficinas de la Corporación Fischel, en San José.
También fueron allanadas la casa de Eliseo Vargas, en Santa Ana; la residencia del exgerente financiero de Fischel, Olman Valverde, en barrio Pinto, y la del abogado de Fischel, Rándall Vargas Pérez, en Curridabat, San José.
Todo esto como parte de una investigación judicial que, desde el 20 de diciembre pasado, realiza el Ministerio Público y que ya tiene cinco expedientes cuyos vértices convergen en la CCSS.
La agitación pública sobre la Caja comenzó el 21 de abril pasado, cuando Vargas renunció a su cargo, tras conocerse que alquila una lujosa residencia a Valverde. Además, luego se conocieron aparentes anomalías en la compra de equipo médico con el préstamo finlandés por $39,5 millones.
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