Jueves 13 de mayo, 2004. San José, Costa Rica.



 

Voz del Defensor

Fortalecimiento del ICE

José Manuel Echandi

Costa Rica parece tener un consenso respecto a que el ICE debe ser fortalecido y modernizado. Además, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos trae retos para esa modernización, e introduce un elemento de urgencia debido a los plazos.

Para la Defensoría, el ICE no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de desarrollo con un esquema de solidaridad social, características que deben potenciarse en beneficio de los habitantes.

Por ello, nuestros legisladores tienen ahora la tarea de dotar al ICE de las condiciones para invertir e innovar oportunamente, a fin de brindar más y mejores servicios con el menor costo posible.

La Defensoría considera que esa modernización debe fundamentarse en los siguientes pilares:

Planificación. El legislador debe diseñar un sistema de planificación para las necesidades del país en el corto plazo, las cuestiones macroeconómicas y una visión de largo plazo en cuanto a expansión, tecnología, equilibrio ambiental y universalización de servicios esenciales como cobertura eléctrica, telefonía fija y móvil, y acceso a Internet.

Flexibilidad. Hay que permitir que el ICE actúe con libertad, pero sin libertinaje.

Responsabilidad. Conforme se aumenten las posibilidades de flexibilizar, el régimen de responsabilidad debe ser más fuerte y efectivo, mediante criterios de selección de los personeros, causales de su remoción por decisiones que ocasionen pérdidas a la institución o al país, responsabilidad patrimonial, y la intervención de la Contraloría General de la República en materia de investigación y controles.

Regulación. La ARESEP ha demostrado ser un ente técnico independiente que puede armonizar los derechos e intereses de los regulados y de los usuarios de los servicios públicos.

Finalmente, hay que decidir si las inversiones del ICE van a seguir considerándose un simple gasto o como lo que son: inversiones con réditos económicos y sociales presentes y futuros, que deben hacerse, previa evaluación, si contribuyen a la competitividad del país, aunque a corto plazo no se vean los beneficios.

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