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Dispersos
En Hatillo, algunas casas destinadas a oficinas judiciales están ubicadas en puntos distantes y hay que ir formulando preguntas, de local en local, para llegar a la oficina requerida. Este es el Juzgado Penal y Contravencional del Menor Cuantía.
Abelardo FONSECA/Al Día
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Incómodos despachos judiciales
Corte: urge aprobar crédito para construir 13 edificios Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
* Colaboraron Carlos RODRÍGUEZ y Karla Alfaro.
– No hay espacio en el edificio de Desamparados para las deliberaciones de los jueces, que necesitan desocupar la sala de juicio al momento de cumplir ese trámite.
– En Siquirres, las denuncias se reciben prácticamente en público.
–Las sillas de ruedas no pueden entrar por la puerta principal en San Rafael de Heredia.
–En Hatillo, los juzgados están repartidos en locales diferentes y distantes, lo que confunde a los usuarios.
– En San Isidro de Heredia, los jueces han tenido que alzar a personas con impedimentos físicos para que puedan entrar al edificio.
Éstos son solo algunos ejemplos de las críticas condiciones en que prestan servicios muchos juzgados y tribunales del país.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha lanzado un SOS, pues la carencia de edificios propios le obliga a destinar 1,19 por ciento de su presupuesto anual al pago de alquileres.
Y este renglón de gastos registra un crecimiento, pues, durante el presente año, el Poder Judicial destinará ¢903 millones, prácticamente el doble de lo que pagó en el 2000 por el arrendamiento de 167 locales. Varias limitacionesLos mayores problemas, según magistrados, jueces y fiscales consultados por Al Día, son el hacinamiento, la falta de espacio para atender a los usuarios con la privacidad requerida, y una infraestructura adecuada para personas mayores con discapacidad o impedimento físico.
En ocasiones, la jueza Agnes Chaverri, del Juzgado Contravencional de San Isidro de Heredia, ha tenido que salir a la acera para que una persona en silla de ruedas firme un documento. En el edificio donde labora, no hay rampas para el ingreso de discapacitados.
Más grave aún es lo que ocurre en el Tribunal de Juicio de Desamparados, en el que las limitaciones de espacio obligan a realizar los juicios a puerta cerrada. Y, como no hay una sala para los testigos, deben aislarlos cerrando la puerta. “Eso es prohibido, violenta los derechos de los ciudadanos, pero no tenemos otra salida”, afirmó el juez Víctor Dobles, funcionario de este Tribunal.
Estas limitaciones conducen a otros gastos. Además del alquiler, el Poder Judicial se ve obligado a invertir en mantenimiento y reparación de los edificios para adecuarlos un poco mejor, lo cual tuvo un costo de ¢45,2 millones durante el año pasado.
El magistrado Luis Guillermo Rivas, presidente de la Comisión de Construcciones de la Corte, agrega un inconveniente más: la limitación tecnológica.
Con edificios alquilados, no es posible invertir en nuevas terminales para computadoras, más teléfonos, faxes y otros utensilios.
Aunque las necesidades son muchas, el Poder Judicial estableció que hay 13 despachos críticos que requieren una urgente solución. Entre ellos, los de Turrialba, Pococí, Guácimo, Grecia, Cañas, Hatillo y Desamparados.
El costo del alquiler de estos locales asciende, en este año, a ¢324,9 millones. Adicionalmente, el edificio de los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José requiere un reforzamiento estructural, y la actualización del sistema eléctrico y de cómputo.
Por ello, la Corte promueve un proyecto de ley que le permitiría solucionar, al menos, las necesidades más urgentes mediante la construcción de edificios propios.
El plan abarca un área de construcción total de 80.376 metros cuadrados, con un costo estimado de ¢24.112 millones. Proponen solución La Corte propuso financiar estas construcciones con un crédito del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Para ello, ofrece pagar un interés anual, revisable semestralmente, igual al rendimiento que a la fecha de los desembolsos obtendría el Fondo invirtiendo los recursos, más un 1,5 por ciento adicional.
El magistrado Guillermo Rivas asegura que la medida no perjudicaría la liquidez del Fondo, pues apenas se tomaría en crédito el 25 por ciento de su patrimonio.
Sin embargo, el plan se puede efectuar solo mediante una ley específica que autorice el préstamo.
Contra ese proyecto hay ya dos criterios que lo cuestionan.
El ministro de Hacienda, Alberto Dent, expresó, en marzo anterior, que no consideraba “oportuno ni conveniente utilizar los recursos del Fondo de Pensiones para financiar proyectos de infraestructura”, pues son la única fuente que sustenta el pago de las pensiones y jubilaciones.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República sostiene que el proyecto no es “legalmente viable” ni conveniente.
Esto coloca al Poder Judicial ante un difícil reto: convencer al Gobierno y a los diputados sobre la urgencia del gasto y que éste no causaría perjuicio alguno al Fondo.
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Difícil acceso
La entrada al Tribunal de Juicio de Desamparados dificulta el normal ingreso de los imputados al local.
Erick CÓRDOBA/Al Día
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¡Con las uñas!
Las dificultades con que trabajan algunos despachos judiciales son difíciles de sintetizar. Una de ellas, repetida en varias zonas del país, es que las oficinas de los Juzgados, Tribunales de Juicio y Fiscalía están en locales desperdigados por todo lado e identificados con rótulos minúsculos. Incluso, una vez encontrado el lugar, surgen otras limitaciones mayores.
De lo anterior es buen ejemplo el Tribunal de Juicio de Desamparados, donde losproblemas comienzan desde la entrada, pues el edificio está en medio de una cantina, un restaurante y frente a una calle principal.
Además, la única entrada y salida posible del local es un tramo de unos 10 metros de gradas, angostas y casi verticales. Y que Dios no permita algún fuerte temblor o un incendio, pues la antigua puerta de salida fue clausurada para utilizar un espacio como bodega.
“En más de una ocasión, los imputados y ofendidos se han peleado en la grada. También un día de éstos tuvimos que subir a un señor en silla de ruedas”, afirma el juez coordinador, Orlando Rojas.
A esto se une que la falta de un espacio adecuado para ubicar a los testigos los obliga a hacer los juicios a puerta cerrada. Si se utiliza la segunda sala, el imputado, no importa lo peligroso que sea, y los demás involucrados deben atravesar el zaguán donde está todo el personal.
Los jueces no tienen un lugar donde discutir los casos. “Si tenemos que deliberar, debemos sacar a toda la gente de la sala y, luego, volver a dejarles entrar”, agregó Rojas.
Las salas son tan pequeñas, que jueces, fiscales y abogados se sientan a menos de un metro de la silla donde declara el imputado.
“Hacemos el trabajo con todo el gusto del mundo, pero creemos que estas condiciones no se prestan para ofrecer un servicio como los ciudadanos lo merecen”, comentó el juez Víctor Dobles.
Deficiente infraestructura
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Sala y oficina
En el Tribunal de Juicio de Desamparados hay solo tres oficinas para seis jueces. Esto ha obligado a tres de ellos, como en el caso del juez Víctor Dobles (derecha), a instalarse en una de las dos salas de juicio. Lo acompaña el juez coordinador, Orlando Rojas.
Erick CÓRDOBA/Al Día
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Cero privacidad
Trabajadores y usuarios comparten las necesidades en el Juzgado Penal de Siquirres. Las demandas se atienden en el mismo salón donde trabajan los jueces y el resto del personal, y no hay un sitio fijo y privado para ubicar los archivos, afirmaron funcionarios de esa dependencia, que solicitaron el anonimato.
Carlos RODRÍGUEZ/Al Día
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Lejos
El Juzgado Penal de Pavas se encuentra a casi un kilómetro de la Fiscalía. Se trata también de otra vivienda convertida en oficina.
Abelardo FONSECA/Al Día
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Debate compartido
El Juzgado Convencional de Menor Cuantía, de San Rafael de Heredia, carece de una sala de juicios para albergar a un grupo mediano de personas. Esto obliga, muchas veces, a efectuar los debates en el lugar donde se atiende al público. Además, la pequeña puerta de acceso no permite el paso en sillas de ruedas.
Manuel VEGA/Al Día
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Sin rampas
El Juzgado Contravencional de San Isidro de Heredia fue construido con fines comerciales. Por ello, el despacho judicial allí instalado tiene tres gradas en la entrada principal y otras inclinadas para subir al segundo piso, donde se efectúan los debates. No tiene rampas para personas en sillas de ruedas. Molestia adicional: el personal comparte el baño con el público.
Manuel VEGA/Al Día
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Radiografía numérica Fuente: Corte Suprema de Justicia, Comisión de Construcciones.
¢76mil millones de presupuesto 2004 1,19%del presupuesto se gasta en alquileres 167locales alquilados en todo el país ¢903millones para el pago de alquileres ¢24mil millones urgen para construir
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