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Imagen ilustrativa/Al Día
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Tribuna libre
No perdamos la fe Samuel Yankelewitz
Diversos grupos de costarricenses hemos manifestado públicamente nuestra indignación y desasosiego por los recientes hechos de corrupción, en los que están involucrados funcionarios y exfuncionarios públicos del más alto nivel, así como algunos empresarios.
El sector productivo empresarial, representado en UCCAEP, considera que estas denuncias son positivas, pues demuestran que hay total libertad de expresión y un régimen de justicia que permite denunciar, investigar y juzgar todo acto ilícito en el manejo de la cosa pública. Esto es una señal inequívoca de que la democracia de nuestro país funciona.
Sin embargo, abogamos para que se restablezca la credibilidad en la institucionalidad democrática, y se dé paso a una nueva generación política que fortalezca y vigorice las bases de la sociedad costarricense, construida sobre cimientos de transparencia en las contrataciones derivadas de la gestión pública.
Todos los costarricenses nos sentimos hoy dolidos, apenados y muy irritados, pero mañana levantaremos la cara porque en Costa Rica no se permite la corrupción, y mucho menos si, con ello, se están comprometiendo los intereses nacionales.
Con agrado, aunque con profundo dolor, vemos que el combate contra la corrupción dejó de ser una frase en el papel, para convertirse en una realidad.
Desde la UCCAEP solicitamos el apoyo irrestricto a la Fiscalía General de la República, pues toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, debe ser sometida ante los Tribunales de Justicia a los procesos legales, penales y civiles que correspondan, cuando incurra en hechos ilícitos, y ser castigada con todo el peso y rigor de la ley.
Para ello, urge dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios, económicos y humanos, que garanticen el debido proceso, y la administración efectiva de una justicia pronta y cumplida.
En ese sentido, es vital que al señor Fiscal General de la República se le dé la inmunidad que le garantice el debido cumplimiento de la ley, sin que se atente contra su integridad personal y familiar.
En aras de la transparencia en la gestión pública, proponemos modificar la integración de las juntas directivas de las instituciones públicas, minimizando la injerencia política en los nombramientos.
Asimismo, solicitamos respetuosamente a la Asamblea Legislativa que se modifiquen la Ley de Contratación Administrativa y el Código Electoral, a fin de lograr una mayor transparencia, una penalización más severa y la erradicación de la impunidad.
Como empresarios costarricenses, proponemos establecer sanciones a los proveedores a los que se les haya probado hechos de corrupción. Una de ellas podría ser la prohibición de hacer negocios con el Estado costarricense –principal cliente en el país– durante no menos de 5 ó 10 años.
Finalmente, es importante pensar en la juventud de hoy, pues no está recibiendo el mejor ejemplo de un país transparente, que les prepare el camino para asumir la conducción de Costa Rica bajo esos principios.
Por ello, la UCCAEP instó a los costarricenses a que no perdamos la fe en nuestro país, en el Estado de Derecho y en nuestras instituciones. Los recientes acontecimientos, aunque muy dolorosos, nos advierten sobre la transparencia que debe imperar en el país.
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