Sábado 23 de octubre, 2004. San José, Costa Rica.


Luis Miguel en concierto...

Campeonato Nacional 2004-2005


 

Respuesta

Trabajo en La Reforma

Farid Ayales Esna

Quien tiene competencia para controlar el cumplimiento de las medidas que me impuso el Tribunal de Sentencia, es la Oficina de Atención en Comunidad, del Ministerio de Justicia, y no el Fiscal General.

La citada oficina, después de realizada la investigación correspondiente, concluyó que yo no cometí falta alguna el día cuestionado. Salí a mis citas médicas y paré 15 minutos en un restaurante a vomitar.

A mí no se me condenó por cobrar por las Tarjetas de Trabajo. Nunca recibí ni fui acusado de recibir dinero, sino por firmar un convenio de cooperación para agilizar el trámite de las tarjetas, sin que el convenio, sin costo para el Estado, fuera refrendado. Aunque se me condenó, fui condecorado por el Gobierno de Nicaragua

Estoy en mi casa, no por un capricho, sino con base en una resolución del Tribunal de Sentencia, en la que estableció, con base en el derecho a la salud que algunos pretenden desconocer:

“... consecuentemente es claro que el privado no puede permanecer en la cárcel porque ésta no le garantiza una serie de requisitos que no afecten su sistema autoinmune de fondo... Es el Estado quien no ha tomado las previsiones del caso para situaciones como la actual, cumpliendo con su deber de proveer de celdas independientes que eliminen cualquier foco de infección, al igual que un cuarto de hospital privado o la misma casa de habitación...”.

Por supuesto que siempre habrá hipócritas que, por un lado, se rasgan las vestiduras en defensa del sistema, y, por otro, llaman ineptos a los jueces porque no piensan como ellos. Son los mismos fariseos que, en aras de la seguridad, quieren imponer la pena de muerte abierta o encubierta, como cuando se me quiere enviar a prisión para agravar mi enfermedad y matarme, como a otros.

El artículo 85 del Decreto de creación de la Dirección de Adaptación Social considera el trabajo penitenciario como “... el medio más eficaz para una posible rehabilitación del interno y preparación para su regreso a la vida social...”: y la Sala IV lo ha declarado como derecho del privado a “pretender que su fuerza y su capacidad de trabajo no sufran daño ni menoscabo por el hecho de su reclusión, como condición inherente a la personalidad humana, de modo tal que pueda conservar la plenitud de sus conocimientos y aptitudes profesionales que sólo puede mantener trabajando”.

Cuando ingresé al CAl San Rafael en La Reforma, me enteré de una realidad desconocida para mí y los costarricenses: las condiciones en que se presta el trabajo dentro del régimen penitenciario, que nada tienen que ver, como la mayoría de las cosas en nuestro país, con las declaraciones eufemísticas de principios.

Existen centros de trabajo artesanales en La Reforma. Empresas privadas y el mismo Ministerio de Justicia. Empresas que, con el aval del Ministerio, pagan a los privados de libertad-trabajadores una cuarta parte del salario mínimo nacional, porque no los consideran trabajadores, aunque sí se benefician con su esfuerzo; empresas que no pagan contribuciones sociales sobre esos salarios y no protegen a los privados de libertad, porque, aunque trabajan, no son trabajadores. Empresas que, amparadas en convenios con el Ministerio, les regalan los servicios públicos. Y funcionarios que ven estas cosas y las dejan pasar.

Y sobre los bienes que se producen en las prisiones en actividades del Ministerio de Justicia, con el trabajo de los privados de libertad, ¿quién sabe o da cuenta?

Y sobre las plagas de moscas, cucarachas y roedores que se generan en el ambiente nauseabundo alrededor de las actividades laborales lucrativas para el Ministerio en las prisiones, que contaminan alimentos y ambiente todo el tiempo, ¿quién se preocupa o controla? ¿El Ministerio del Ambiente o el de Salud o el de Justicia? ¿Habrá lugares más insalubres en nuestro país que los lugares de trabajo en las prisiones?

Yo estuve ahí y sé de lo que estoy hablando. Posiblemente por eso, usted afirma que el Fiscal General me quiera regresar a La Reforma para trabajar y, en supuesto respeto al principio de igualdad jurídica, quiere que se me trate como si no estuviera enfermo. También ésta es la Costa Rica de hoy, aunque de ella no se hable.

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