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Incuestionable labor de justicia tras arresto de expresidentes
San José, 23 oct (ACAN-EFE). Políticos y la sociedad costarricense en general han reafirmado la confianza en los tribunales de justicia, sobre todo en la Fiscalía, tras el arresto de dos expresidentes en el mayor escándalo de presunta corrupción que haya conocido Costa Rica.
Los comentarios de los costarricenses, incluso de figuras políticas próximas a los expresidentes Rafael Angel Calderón (1990-94) y Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), son de total confianza en los tribunales de justicia, los encargados de determinar su culpabilidad o inocencia.
Calderón, de 55 años, cumple, desde ayer, viernes, nueve meses de prisión preventiva en el Centro Penal La Reforma, mientras que Rodríguez, de 64, está bajo arresto domiciliario desde hace una semana.
Ambos exgobernantes, implicados en los dos mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Costa Rica, pertenecen -aunque están suspendidos- al Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), actualmente en el gobierno.
Hasta ahora, la opinión generalizada de los costarricenses ha estado dirigida a resaltar la independencia y eficacia de los tribunales de justicia y, sobre todo, del jefe de la Fiscalía General, Francisco DallAnese, que asumió el cargo el año pasado.
DallAnese se ha convertido en una figura de gran popularidad entre sus compatriotas, quienes a menudo destacan su coraje y valentía para encarar los más espinosos casos de corrupción y otros delitos sin mirar quién es el implicado.
El diputado José Miguel Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), primera fuerza de oposición y quien perdió las elecciones con Rodríguez en 1998, resaltó que Costa Rica "le está demostrando al mundo que aquí no solo los pobres van a la cárcel".
El diputado opositor Federico Malavassi, del Movimiento Libertario, descartó que las autoridades hayan cometido "excesos" por sentenciar nueve meses de prisión preventiva en una celda de 6,5 metros cuadrados al ex presidente Calderón.
"Ante los hechos desvelados, los costarricenses deben tener claro a quién se le debe pasar la factura política", subrayó Malavassi.
Ottón Solís, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), también de oposición, advirtió de que en Costa Rica se han cometido "muy serios" hechos de corrupción "y debe darnos satisfacción que los culpables sean sometidos a todo el peso de la ley".
"Debemos respetar totalmente la independencia del poder judicial y meternos a opinar sobre sus acciones es muy peligroso. La política debe estar al margen de esto y debe dar toda la libertad" a los tribunales, puntualizó.
Humberto Arce, del Bloque Patriótico, consideró que "es un momento de tristeza y dolor" ver a un ex presidente ingresar, esposado, a la cárcel, pero "es un acto de justicia".
"Cuando el pueblo ha sido estafado por los líderes políticos, esto reafirma que Costa Rica es un país de derecho y que se está fortaleciendo el sistema democrático", indicó Arce.
El presidente Abel Pacheco afirmó que el arresto de los dos ex gobernantes es una muestra de que la "justicia funciona" en Costa Rica y "esto es un ejemplo para el mundo".
Consultado por la prensa si consideraba drástica la medida de Calderón, Pacheco afirmó que "no tengo nada que decir de las medidas que toma el poder judicial".
"Soy muy respetuoso del sistema judicial y ellos sabrán lo que hacen y porqué lo hacen. Yo lo que puede hacer es colaborar con el cumplimiento de las leyes", subrayó.
Calderón figura presuntamente como el cerebro del reparto de millonarias comisiones de un préstamo finlandés, de 39,5 millones de dólares, para la modernización del equipo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2001.
A Rodríguez, quien tuvo un efímero paso como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se le vincula con el supuesto pago de comisiones ilegales de la empresa francesa Alcatel, proveedora del Estado costarricense, y se le acusa de recibir dinero del gobierno y empresas taiwanesas.
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