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Máxima seguridad
Las medidas de seguridad fueron extremas hasta el último minuto. El fiscal Christian Obando admitió haber sido amenazado de muerte por el grupo cuando, dentro de la misma sala de juicio, le recomendaron comprarse un chaleco antibalas.
Esteban MONGE para/Al Día
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Piden condenas de 343 años de cárcel
Banda acusada de dos homicidios Rodolfo MARTIN
rmartin@aldia.co.cr
A la primera víctima, identificada como Exlison Chacón Navarro, lo sacaron a la fuerza de su casa el 15 de febrero, lo metieron dentro de un carro donde fue vapuleado y asfixiado. Luego, lo quemaron para no ser identificado y, por último, lo lanzaron a un precipicio del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Al segundo ofendido, Santos Méndez Vega, testigo crucial de ese asesinato y a quien la policía mantenía escondido, lo buscaron y el 14 de mayo, de ese mismo año, lo encontraron y lo acribillaron de 5 balazos frente al Colegio Divino Pastora, en El Alto de Guadalupe, con la idea de silenciarlo.
La víctima, efectivamente, murió. Sin embargo, unas semanas antes había hecho un anticipo juridisccional de prueba, donde dio su versión sobre estos dramáticos hechos.
La cruda historia de este grupo, para quien la fiscalía de Desamparados solicitó 343 años de cárcel al cerrarse ayer el debate, no se limita solo a estos dos brutales hechos.
Unas semanas antes, varios de ellos, presuntamente, participaron en los crímenes de un juez y un narcotraficante en Panamá, razón por la cual huyeron hacia Costa Rica.
En ese doble asesinato, el único sospechosos detenido y luego condenado, fue un costarricense de apellido Quesada.
Lo anterior es un resumen de una amplia exposición que, sobre esta banda, hizo el fiscal Cristian Ulate ante el Tribunal de Juicio de Desamparados, basado en la investigación del OIJ.
La organización, mayoritariamente integrada por panameños, dos costarricenses y un salvadoreño, se dedicaba especialmente al “tumbonazo” (robo de dinero o droga a narcotraficantes). Algunos de ellos también habrían sido investigados por secuestros “expres” o robo de carros.
Los panameños fueron identificados con los apellidos Villasanta, Mejía, Rojas, Ortega y Perigeult.
Asimismo, los dos costarricenses son de apellidos Castro (hombre) y Agüero (mujer) y, finalmente, un salvadoreño de apellido Aguilar.
Ulate pidió 4 años por asociación ilícita, 14 por homicidio simple, 25 por homicidio calificado y 6 por privación de libertad agravada, para un total de 49 años.
No obstante, el representante del Ministerio Público pidió la absolutoria a favor de Agüero, quien también inicialmente enfrentaba los mismos delitos. El posible móvilLa banda supo que Chacón, aparentemente, traficaba droga en Higuito y El Llano de Desamparados por lo que ideó un plan para robarle de 7 kilos de cocaína, según lo expuesto por el fiscal Ulate.
Sin embargo, no podían localizarlo porque éste, a su vez, tenía orden de captura y permanecía escondido. Ante ello, localizaron a Méndez que era, presuntamente, su vendedor y único contacto con el “exterior”.
Méndez, inicialmente, fue leal con su jefe y no reveló su localización.
Sin embargo, los delincuentes lo sacaron un día a la fuerza de su casa y lo vapulearon dentro de otra abandonada en San Luis de Heredia. Ahí se vio forzado a suministrar el paradero de Chacón a quien, esa misma noche, sacaron, torturaron y asesinaron. A Méndez le perdonaron la vida.
Sin embargo, luego –al regreso de Panamá– lo asesinaron, porque les había llegado el rumor de que mantuvo contactos con la policía, se dijo.
Ayer los jueces Víctor Dobles, María de los Ángeles Arana y Antonio Ortega se retiraron a deliberar y no será sino hasta el martes 9 de noviembre para cuando regresarán con la lectura del por tanto de la sentencia.
Carlos Cubillo, defensor de los panameños, y Carmen Amador, abogada del costarricense Castro, argumentaron que el OIJ había hecho una pésima investigación, en la que nunca se pudo individualizar la participación de los sospechosos y mucho menos los hechos acreditados.
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