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Promesa
Las autoridades del Caribe Norte de Nicaragua lograron que el Gobierno se comprometiera a crear un fondo de $2 millones (¢890 millones) para rehabilitar el muelle de Puerto Cabezas, que está a punto de colapsar.
La Prensa de Managua/Al Día
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Caribeños suspendieron protestas
Acuerdo con el Gobierno
Managua/ ACAN-EFE y AFP. Las autoridades de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua suspendieron ayer una protesta que mantenían desde la semana anterior, tras lograr acuerdos con delegados del Gobierno central sobre sus principales reclamos, informaron fuentes oficiales.
La emergencia, decretada por las autoridades locales en la zona, fue levantada ayer con la reanudación de los vuelos aéreos, y a partir de hoy se normalizarán las clases en las escuelas que habían sido interrumpidos desde el pasado 31 de agosto.
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) había quedado aislada del país durante seis días, tras la paralización de las actividades portuarias y aéreas, en protesta por la falta de atención gubernamental a las carreteras, el mal estado del muelle de Puerto Cabezas (su principal centro administrativo) y un inminente desabastecimiento de combustible.
El ministro de Transporte e Infraestructura), Pedro Solórzano, que estaba al frente de las negociaciones, dijo que están comprometidos como gobierno para atender a los pueblos de la costa Atlántica y darle soluciones a sus problemas.
El gobierno se comprometió a reparar el muelle municipal, en sus partes más críticas, en un período de 30 días, y a la colocación de postes para amarrar los barcos mercantes, tanqueros y pesqueros.
También avalará un financiamiento a transportistas de la zona, para renovar las unidades del servicio colectivo entre Managua y Puerto Cabezas.
Asimismo, se dará mantenimiento a las principales vías terrestres al interior de la región.
Además, se revisará la ley de pesca que restringe la pesca artesanal, uno de los principales medios de sobrevivencia en la zona, y se suspenderá una prohibición para el corte de madera de pino, que afecta el empleo de miles de comunitarios que viven de esa actividad, según los acuerdos suscritos.
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