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Con experiencia
Miembros de la Asociación de empleados pensionados del Banco Anglo Costarricense recuerdan con dolor sus últimos días en la entidad.
Manuel VEGA/Al DíaAl Día
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Impotencia, tristeza, coraje Mónica UMAÑA
monicau@aldia.co.cr
Tras el cierre del Banco Anglo Costarricense, los exempleados que tenían más tiempo de laborar lograron pensionarse.
Poco tiempo después se formó la Asociación de empleados pensionados, que se reune el tercer lunes de cada mes en Barrio Cuba.
En entrevista con Al Día, hace una semana, 11 de los exempleados pensionados dijeron que al cierre del banco se sintieron engañados y desilusionados del Gobierno.
Días antes del cierre, miembros de su Asociación Solidarista se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial, y ahí les dijeron que podían irse tranquilos, porque el banco no iba a cerrar.
Dos días después se dio el descalabro.
Eso provocó que los empleados sintieran impotencia, tristeza, coraje.
La mayoría coincide en que la decisión de cerrar el banco fue errada.
Alegan que con ello todos los costarricenses perdieron, y se terminó de romper el monopolio bancario, afirmaron.
“El nivel de descomposición en las juntas directivas bancarias llegó a tal estado de descomposición, que no sabían lo que estaban haciendo, y creían que lo hacían bien. Muchos llegaban a dormir, comer y cobrar las dietas”, recordó Celín Zúñiga, que laboró 40 años como secretario general.
Deudas irrecuperables
Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr
“El proceso de cobro es exitoso, pero la recuperación del dinero no lo es”. Así describe el director a.i. del Fideicomiso Banco Central-Banco Popular, Marvin Solano, los esfuerzos de ese órgano para recuperar los millonarios créditos del extinto Banco Anglo Costarricense.
A junio de este año quedan sin saldar ¢13.848 millones en préstamos que corresponden a los 12 principales deudores, mientras que las bananeras adeudan préstamos por $33 millones adicionales (¢14 mil millones). Ver recuadro.
Según Solano, de los ¢13.848 millones pendientes de pago por los 12 grandes deudores, el fideicomiso considera que prácticamente la totalidad del monto es irrecuperable.
“Mientras, los otros obligados, los que adeudan montos menores, si tuvieran voluntad de pagar se podría llegar a un arreglo, y el fideicomiso recobraría algo”, afirmó Solano.
En el caso de las bananeras, la recuperación está sujeta al valor de las fincas, sin embargo el fideicomiso no logra obtener el monto original de la deuda.
En el caso de Luis Fernando Chanto, uno de los principales deudores (¢3.152 millones), el fideicomiso ha tratado de notificarle sus deudas durante años, sin embargo Chanto se mueve por todo el país y no tiene domicilio fijo, por lo que se complica la labor del órgano.
“Ha cambiado de domicilio y se aprovecha de la jurisdicción, sabe que cada vez que queramos notificarle hay que pedirle al juzgado de la zona donde él este viviendo. No se prevé que de cosa de él nazca hacer un arreglo de pago”, aseveró Solano.
Chanto registra al menos 30 sociedades, y los bienes que tenía los traspasó a otras personas, para que no se los embargaran.
Al Día intentó obtener la versión de Chanto, sin embargo en los números que registra a su nombre explicaron que no le pertenecen. Tampoco atendió su celular. Sigue funcionandoEn las oficinas del fideicomiso trabajan 16 personas, 12 de ellas son exempleados del Banco Anglo. Según Solano, ese órgano funciona hasta noviembre de este año, y su funcionamiento se renovaría automáticamente por cinco años más.
Su renovación es una decisión que tomará la junta directiva del Banco Central, precisó el funcionario.
“El objetivo del cobro es no dejar esto impune, es dinero que se reinserta a la economía. Con ese dinero se cubren los gastos de la oficina del fideicomiso y se le traslada una parte al Banco Central”, explicó Solano.
Al mes se recuperan mediante arreglos de pago unos ¢15 millones y el costo administrativo en planillas, abogados, juicios y otros es de ¢10 millones.
Esa unidad estima recuperar ¢100 millones a diciembre, añadió.
También hay recuperación adicional por remates, por ejemplo a finales del 2003 se remató una finca en ¢190 millones y en días pasados otra por ¢40 millones.
“Aunque tenemos muchos juicios terminados y con sentencias no es posible recuperar la deuda, pues los deudores
El cierre de la entidad sobrevino al identificar una serie de irregularidades, como la aprobación de sobregiros e inversiones riesgosas en bonos de la deuda externa venezolana y brasileña.
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Desaparecido
Luis Fernando Chanto sigue siendo el principal deudor tras el cierre del banco Anglo. Su deuda llega a ¢3.152 millones.
Archivo/La NaciónAl Día
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Cuentas pendientes
Grandes deudores
Luis Fernando Chanto ¢3.152 millones
Familia Cantillo Malavassi ¢2.773 millones
Óscar de Mezerville Cantillo ¢741 millones
José Joaquín Jiménez ¢1.268 millones
Carlos Mora Bonilla ¢918 millones
Carlos Rodó Ortuño ¢940 millones
Casimiro Medrano Abellán ¢951 millones
Francisco Medrano Abellán ¢210 millones
Familia Schactel Kaver ¢351 millones
Familia expresidente Trejos ¢260 millones
Manuel Emilio Ramírez Castro ¢325 millones
Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas ¢1.951 millones
Total ¢13.848 millones
Otros
Agropecuaria Río Genio ¢62 millones.
Astro Metal S A ¢14 millones.
Anabella Diez Martín, exdiputada del PUSC ¢37 millones.
Óscar Cadet Fernández ¢40 millones.
Distribuidora de GEFA S.A ¢27 millones.
Guillermo Zúñiga Trigueros ¢11 mil, alcalde de la municipalidad de La Unión.
Jorge Rodríguez Araya, exdiputado ¢6 millones.
Válvulas y equipos ¢5 millones.
Arlene Lutz Vargas, empresaria ¢4 millones.
Tomas Poblador Soto, exdiputado PLN ¢1 millón.
Inversiones Las Quintas ¢552 mil.
Mario Quintana Musmanni, expresidente del PUSC ¢582 mil.
Rosita Mora Mena ¢1 millón.
Nintendos y afines C R ¢1 millón.
Pedro Rojas Guzmán, alcalde municipalidad de Sarapiquí ¢222 mil.
Total: ¢216 millones.
Bananeras
Bananera Zavala S.A. $7 millones, está en cobro judicial.
Bananera Tanagra S.A. $5 millones, está en proceso de quiebra.
Serbasur S.A. $3 millones, está en cobro judicial.
Banasur R.L. $4 millones, está en cobro judicial.
Línea verde S.A. $7 millones Está en administración por intervención judicial. Este proceso es cuando la empresa que tiene problemas financieros, se protege de los acreedores para que no les cobren, y se acogen a esta figura.
Bananera Changuina S.A. $5 millones, está en cobro judicial.
Total: $33 millones
El peso de la ley
El Ministerio Público acusó a 20 personas por el descalabro financiero del Banco Anglo Costarricense. Hasta el momento se han hecho seis juicios, uno está en curso y cuatro quedan esperan fecha de debate.
La primera persona en recibir sentencia fue el exgerente de esa entidad financiera, Carlos Hernán Robles, el 9 de octubre de 1997.
Silvia Carmona, fiscal a cargo del caso, confirmó a Al Día que las causas pendientes de ir a juicio están muy lejos de prescribir.
De los acusados, dos fueron declarados prófugos de la justicia costarricense: los hermanos chilenos José Luis y Mariano López Gómez, quienes residen en Santiago, Chile. José Enrique Castro, procurador a cargo del caso, explicó que ellos esperan una decisión política del Estado sobre el tema de los chilenos, aunque la Procuraduría no renunciará hasta llegar a juicio.
Carlos Hernán Robles Macaya
Exgerente del Banco Anglo.Preso en cárcel de Cartago.
–Sentenciado a cuatro años de cárcel por peculado, el 9 de octubre de 1997, por compra de una pantalla electrónica. Cumplió la pena.
–Condenado a 25 años de prisión por la compra de la firma AVC Valores, por la compra de deuda externa costarricense y de deuda externa extranjera. Esa pena quedó en 24 años.
–Sobreseído, el 15 de marzo del 2001, por fraude de simulación, tras asumir una reparación del daño con la entrega de 12 caballos a la Policía Montada. Caso cerrado.
–Sentenciado a 10 años de prisión, el 5 de febrero pasado, por la causa conocida como “Créditos irregulares”, otorgamiento de préstamos mediante AVC Valores.
–Sentenciado a 8 años de prisión por 70 delitos de peculado continuado, en la autorización de sobregiros, el 12 de julio del 2004.
–Pendiente juicio por la supuesta comisión del delito de fraude de simulación relacionado con el traspaso de acciones de la sociedad Romar.
–Pendiente juicio por presunta falsificación de documento público en el caso de la falsificación del Acta 43 de la Junta Directiva del banco. En espera de fecha de debate.
María Cecilia Márquez
Esposa de Robles Macaya. En libertad.
–Pendiente de juicio por la presunta comisión del delito de fraude de simulación por el traspaso de unas acciones de la sociedad Romar.
Carlos Manuel González, Arturo Fallas, Rónald Fernández, Manfred Amhrein, Carlos Osborne, Edwin Salazar.
Exdirectivos del BAC.
Presos.
–Sentenciados a 15 años de cárcel, el 22 de setiembre del año pasado, por la compra de la firma AVC Valores, compra de deuda externa costarricense y deuda externa extranjera. La Sala Tercera se la redujo a 12 años.
–Todos excepto Edwin Salazar (pendiente por enfermedad, tiene casa por cárcel) condenados a 10 años de prisión, el 5 de febrero pasado, por los “Créditos irregulares”.
Fernando Murillo
Exdirectivo del BAC.
Libre.
–Absuelto de la causa conocida como “Créditos irregulares” por el presunto otorgamiento de empréstitos por medio de la empresa AVC Valores.
Mauricio Guardia
Exdirectivo. del BAC. Libre.
–Absuelto de la causa conocida como “Créditos irregulares” por el supuesto otorgamiento de cinco empréstitos mediante la empresa AVC Valores.
Luis Fernando Chanto y Carlos Rodó
Deudores. Libres.
–A la espera de juicio por la supuesta comisión de 33 delitos de peculado. No hay prescripción.
José Luis y Mariano López Gómez
Empresarios.
Prófugos de la justicia.
–Declarados rebeldes por fraude de simulación en la venta de acciones de BOLCAFE. Prescripción interrumpida.
Enrique López Gómez
Empresario. Libre.
–Sobreseído por presunto fraude de simulación en la supuesta venta de acciones de BOLCAFE. El Tribunal Penal acogió la reparación integral del daño.
Juan Antonio Robles
Abogado. Libre.
–Sobreseído por supuesto fraude de simulación en la venta de acciones de BOLCAFE. El Tribunal Penal acogió la reparación integral del daño.
Lilliana Cob
Exsubgerente del BAC. Libre.
–En juicio por la supuesta comisión del delito de peculado por autorización de sobregiros.
Edwin Aguilar
Exsubgerente del BAC. Libre.
–En juicio por la comisión del delito de peculado por autorización de sobregiros.
Fernando Calderón Laguna
Empresario, exesposo de Márquez. Libre.
–Sobreseído el 15 de marzo del 2001 tras haber asumido, junto a Robles Macaya, una reparación del daño con la entrega de 12 caballos a la Policía Montada. Caso cerrado.
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