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El juicio contra la síndica suplente de Pital, Norma Quirós, y su esposo, Arturo Calderón, se llevó a cabo, el lunes en la mañana, en la vivienda de una de las vecinas afectadas, en barrio San Cristóbal de Pital.
Édgar CHINCHILLA/Al Día
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Polémica por salón multiuso Édgar CHINCHILLA, corresponsal
Pital.- La síndica suplente de Pital, Norma Quirós y su esposo, Arturo Calderón, enfrentaron, el lunes, a las 8 a.m., un juicio civil, que fue interpuesto por una vecina de apellido Vargas, apoyada por otros lugareños.
El debate tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio San Cristóbal y fue presidido por el juez civil Carlos Zamora. También estuvieron presentes Alexánder Piedra, abogado de la parte acusada y Joaquín Alvarado, abogado de la parte denunciante.
La demanda se presentó debido a que hace cerca de tres años un comité de vecinos de la urbanización San Cristóbal, a un kilómetro al noreste del centro de Pital, inició, con la ayuda de Quirós, la construcción de un salón multiuso, en un lote destinado para uso comunal, donado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La idea era que niños y jóvenes tuvieran un lugar adecuado de recreación.
La obra ya está edificada en un 85 por ciento y mide aproximadamente 180 metros cuadrados. Ha tenido un costo cercano a los ¢7 millones y los dineros para levantarla se obtuvieron gracias a actividades realizadas por los vecinos, donaciones y partidas específicas.
A pesar de que la mayoría de lugareños apoya el proyecto, tres beneficiarios, quienes colindan con el inmueble y que aparentemente apoyaron la iniciativa en un principio, ahora se oponen rotundamente a su construcción y exigen que el salón sea derribado, pues la querella presentada es un interdicto de derribo.
Una de las ofendidas presentó la demanda contra Quirós y su esposo, por considerar que ellos son los que están al frente de la obra. ObjecionesSegún la demandante, la causa está basada en que la construcción está muy cerca de su casa, que las actividades que ahí se realizan producen contaminación sónica y que la construcción no cuenta con ningún tipo de permisos, entre otras.
El 10 de noviembre del año pasado, ante la solicitud de los afectados, el Ministerio de Salud hizo una inspección en el lugar y procedió a clausurar el salón, decisión que se mantiene hasta la fecha.
Dentro de las causas del cierre, se especifica, entre otras cosas, que la construcción no cuenta con permisos municipales, ni del IMAS, ni del Ministerio de Salud.
Se enumera también que las paredes del edificio no cumplen con condiciones de confinamiento y que los servicios sanitarios no cuentan con los requisitos estipulados por la Ley de construcciones, ni con tanque séptico ni áreas de drenajes.
Luego del debate, que se extendió durante unas cuatro horas, Quirós manifestó que la demanda no tiene cabida, porque ni el terreno ni la edificación son de su propiedad, pues es una obra comunal.
“Vamos a esperar un mes para conocer el resultado del juicio, confiamos en salir bien librados y analizar si hacemos el esfuerzo para re abrir el salón, pues es de mucha utilidad para la comunidad”, manifestó Quirós.
Luego de conocerse el resultado, ambas partes estarían en su derecho de apelar la decisión, e incluso, el caso podría ser analizado por la Sala Constitucional.
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