Jueves 30 de septiembre, 2004. San José, Costa Rica.


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Alcatel podría ser sancionada

SAN JOSE (AP) _ La empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel podría ser sancionada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) si se llega a comprobar que pagó comisiones a funcionarios de la entidad.

La firma podría ser inhabilitada por un mínimo de dos años para futuras licitaciones y compras, dijo el presidente del ICE Pablo Cob en declaraciones brindadas la noche del miércoles.

No obstante, explicó que la sanción no afectaría los proyectos que Alcatel desarrolla en la actualidad: una red de celulares de 400.000 líneas, 22.000 ADSL (acceso a Internet) para centrales telefónicas y los equipos de la red de telefonía fija.

La información fue confirmada por la oficina de prensa del ICE, ya que Cob no estaba disponible para comentarios.

El ICE conformó una comisión que investigará las denuncias divulgadas por la prensa local sobre supuestas comisiones pagadas por la compañía a exdirectivos del Instituto con el fin aparente de ser favorecida en los procesos de licitación.

Alcatel emitió el martes un comunicado diciendo que por el momento no hará comentarios sobre la versión debido a que sus ejecutivos están fuera del país.

Cob dijo que la Ley de Contratación Administrativa señala que las instituciones estatales pueden sancionar a las empresas si se les demuestran anomalías en los procesos de adjudicación.

El grupo revisará cada uno de los procesos internos que se efectuaron durante las contrataciones y la participación de los funcionarios, no solo en adjudicaciones a Alcatel sino a todos los proveedores.

Datos del ICE indican que en los últimos tres años Alcatel ganó licitaciones para vender equipos por 258 millones de dólares.

Una investigación del diario La Nación divulgada el martes dijo que Alcatel transfirió presuntamente 2,4 millones de dólares a la cuenta de Jean Gallup, esposa del exdirectivo del ICE José Antonio Lobo, y 1,2 de dólares a una cuenta del también el exdirectivo Joaquín Alberto Fernández.

Los fondos provinieron supuestamente de una cuenta de la firma de abogados Servicios Notariales, que recibió en marzo, junio y octubre del 2003 fondos por casi 10 millones de dólares de una cuenta de Alcatel en Nueva York.

El caso también está en manos de la Fiscalía costarricense.

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