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¿Hasta cuándo?
Un anciano observaba, las fotos de personas desaparecidas y fallecidas, producto de la violencia paramilitar en Colombia.
AP/Al Día
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Paramilitares volverían a las armas
Crisis en proceso de paz colombiano
Bogota/AFP. Los grupos paramilitares están dispuestos a romper el proceso de paz y retomar las armas si el Congreso aprueba una ley que no les ofrece garantías para insertarse en la sociedad, afirmó ayer el vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Si a nosotros nos toca tomar la determinación de regresar nuevamente hacia el monte, los primeros que nos lamentamos con esta decisión somos las Autodefensas Unidas de Colombia", dijo Ernesto Báez, vocero del Estado Mayor Conjunto de los grupos paramilitares.
"De ninguna manera se trata de darle un ultimátum al país. Las autodefensas seguimos perseverando en la paz y seguimos luchando por la reconciliación de este país", agregó Báez en Santa Fe de Ralito, caserío del norte de Colombia, donde están concentrados los jefes paramilitares.
Su pronunciamiento se dio mientras el Congreso ha aprobado, en primer debate, la mayor parte de la llamada ley de justicia y paz, que consagra las normas para castigar a los jefes paramilitares autores de crímenes atroces e indultar a quienes solo han incurrido en los delitos políticos. La crisis del proceso de paz se produce 24 horas después que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y los obispos de Montería y Apartadó, facilitadores del proceso, se reunieron con los jefes paramilitares y recibieron el rechazo a la ley. Fuertes sancionesEl Congreso está trabajando desde hace dos meses en la ley que busca castigar con penas máximas de ocho años para los jefes paramilitares, que están acusados de crímenes atroces como masacres, asesinatos selectivos, secuestro y de estar involucrados en los grandes negocios del narcotráfico.
La principal demanda de los paramilitares, es no ser extraditados a los Estados Unidos en donde algunos de sus jefes están acusados de narcotráfico, ha quedado parcialmente garantizada con un artículo que establece que cuando confiesen crímenes y sean condenados no podrán ser extraditados por tales delitos.
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