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NO MÁS
La Caja quiere evitar escenas como ésta, correspondiente a una huelga en 1999. Por ello congeló el cálculo de la cesantía por 8 años.
ARCHIVO/Al Día
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Por temor a sindicatos ignoran ley
Caja hace tercera consulta sobre pago de cesantía Mercedes AGÜERO ROJAS
@aldia.co.cr
Colaboró Juan Ernesto GAMBOA.
La Caja preguntó por tercera vez a la Procuraduría cómo pagar la cesantía a sus empleados, ignorando con ello dos dictámenes vinculantes que indican que se calcula con un tope de ocho años.
Con la nueva consulta pretende que el asesor legal del Estado reconsidere sus dos criterios anteriores.
La cesantía es un derecho del trabajador, corresponde a un pago que le hace el patrono cuando deja el trabajo, sin importar la causa.
Un acuerdo laboral permite a los empleados del Seguro Social cobrar cesantía por 12 años.
Sin embargo, la Ley de Protección al Trabajador firmada en el 2000 fijó el cálculo de ese beneficio en un máximo de 8 anualidades.
Esto rige para todos los burócratas no cobijados por convenciones colectivas. Ahí están entidades como La Caja, el ICE, varias municipalidades y bancos. Mejor noLa Caja quiso ajustarse a la Ley y el 3 de marzo anterior acordó que reconocer como pago de cesantía 8 años. Calcular los pagos sobre esa base y no sobre 12 anualidades le generaría ahorros por ¢1.000 millones este año, cuando unas 200 personas se acojan a ese beneficio.
Sin embargo, una amenaza de huelga de sus sindicatos los hizo volver atrás.
El presidente ejecutivo de esa entidad, Dr. Alberto Sáenz explicó que no lo hicieron por temor, sino por que al ser un tema que afecta a los empleados, legalmente los sindicatos tenían derecho a opinar. Como se omitió ese detalle se dejó sin efecto el acuerdo y se les invitó a dar sus opiniones en los próximos 15 días.
Mientras tanto, ya pidieron un nuevo criterio a la Procuraduría y presentaron nuevos argumentos relacionados con la autonomía de la Caja.
El Procurador Luis Guillermo Bonilla explicó que ninguna consulta aclaratoria que haga la Caja suspende los dictámenes vinculantes emitidos por ese órgano en el 2003 y 2004.
Dijo que el pago de cesantía sobre una base de 12 años amparado en un reglamento interno de la Caja "está contra la ley y por tanto es ilegal".
También recordó que la recién aprobada Ley de Enriquecimiento Ilícito y Corrupción castiga cualquier reconocimiento ilegal de beneficios.
De acuerdo con una directriz de la Autoridad Presupuestaria a partir de este año todas las instituciones públicas deben pagar la cesantía, según lo estipulado en la Ley de Protección al Trabajador, es decir, con un tope de 8 años.
Esto ha generado el descontento de los grupos sindicales y provocó el retiro voluntario de servidores públicos con mayor antigüedad.
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