Allanamientos simultáneos del OIJ en Alajuelita, Cartago y Curridabat

Caen posibles secuestradores

Una banda vinculada supuestamente con el secuestro extorsivo de cuatro comerciantes orientales, fue desarticulada ayer, tras una sorpresiva acción policial del OIJ, que dejó como saldo -al final de nueve allanamientos simultáneos efectuados en San José y Cartago - cinco personas detenidas y el decomiso de dos autos, varias armas y dinero en efectivo.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Ri Lang, Domínguez, Orozco, Brenes y Solís, esta última mujer.

El Organismo de Investigacópn Judicial también vincula con el grupo a otra mujer de apellido Solórzano, quien, desde hace algunos días, se encuentra detenida en el Centro Penitenciario El Buen Pastor por una causa de narcotráfico, confirmó Jorge Rojas, director del OIJ.

Ri Lang, el primero de los sospechosos y quien es de origen oriental, podría ser el cabecilla del grupo, de acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, expresó Rojas.

"Es una persona que no solo conocía acerca de los movimientos y las condiciones económicas de las víctimas, sino que, además, fungía como intérprete", expresó el jefe policial.

A la banda se le achacan un secuestro ocurrido en Aserrí, dos en La Unión y uno reciente en Heredia, según las pesquisas.

Cuatro de los allanamientos de ayer se ejecutaron en Cartago, mientras que otros cuatro se llevaron a cabo en Alajuelita y uno en Curridabat, informó Rojas.

En todos los casos, los secuestros mostraron prácticamente el mismo patrón: víctimas de origen oriental que estaban al frente de un abastecedor o de algún restaurante. El "levante" lo hicieron cuatro sujetos que, mediante la utilización de armas de fuego y la fuerza, tomaban a sus víctimas y las metían en un carro que los esperaba afuera. Luego, salían a toda velocidad.

El OIJ decomisó ayer un Honda Civic y un Elantra que, aparentemente, fueron utilizados en algunos de estos casos.

Los orientales, de acuerdo con las averiguaciones del OIJ, habrían pagado sumas que oscilan entre los ¢14 y ¢20 millones, de acuerdo con la poca información que maneja el OIJ. Las familias no han colaborado con la policía, según Jorge Rojas.

Incluso, en algunos casos han sacado a los agentes policiales de sus propios negocios, lo cual ha dificultado la acción del OIJ.