Lunes 31 de enero, 2005. San José, Costa Rica.


Campeonato Nacional 2004-2005


 

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Vistazo

Impuestos y gasto

José Luis Vega Carballo

A la par del tema tributario, siempre surge la inquietud ciudadana sobre si realmente se justifica aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes.

Y es que, de esa manera, se penaliza a los contribuyentes honestos, que sí pagan impuestos, mientras los evasores y defraudadores del fisco andan sueltos y felices. Y no son pocos.

Por, ejemplo, según la Defensoría de los Habitantes, si solo se recaudara todo el impuesto de ventas, el monto superaría lo que asigna el Estado a los pobres.

También preocupa el destino de los nuevos tributos propuestos por una comisión mixta legislativa.

El país no puede caminar con una tributación de apenas el 13 por ciento del producto interno bruto, cuando lo aconsejable es acercarnos al 20 por ciento, pero vale preguntarse si eso no terminaría cubriendo despilfarros, gastos inútiles, pagos y compras masivas de bonos con sobreprecio, corruptelas y otras irregularidades.

Se debe exigir al fisco gastón que garantice el cierre de válvulas, mediante más controles y evaluaciones de resultados, y más transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, los gobiernos y políticos de turno, junto a los funcionarios de Hacienda y Tributación, solo hacen promesas y lanzan palabras al viento, lo cual ha postergado la reforma o reingeniería del Estado, lo mismo que la racionalización del gasto.

Este Gobierno quiere más recursos, pero no sabemos si una mayor recaudación se invertiría en reorganizar e incentivar al sector productivo nacional (especialmente, al 90 por ciento de éste, o más, que no exporta y depende del decaído mercado interno).

Tampoco hay seguridad de que esos recursos vayan a inversiones sociales, que estimulen el empleo y ataquen la pobreza antes o después de que el TLC con Estados Unidos la aumente aún más. O si, más bien, se dirigirían prioritariamente a beneficiar al sector financiero y especulativo de los tenedores de bonos.

Ahí radica el meollo del asunto, pues, si excluimos el pago de intereses de la deuda pública, los ingresos del Gobierno superaron en el 2004 por ¢109 mil millones a los gastos. No obstante, lo presupuestado en este año para pagar solamente esos intereses locales fue fijado por Hacienda en ¢309 mil millones.

Debido a lo anterior, los nuevos tributos irían, con toda seguridad, a financiar un faltante presupuestario para pagos improductivos hasta por ¢200 mil millones, y no para inversión. Vendrían a premiar una infructífera deuda pública, proveniente del despilfarro, el descontrol y la corrupción galopante de años.

La idea es, entonces, sacarnos más dinero del bolsillo, mediante nuevos impuestos regresivos sobre bienes y servicios, para cerrar un poco el enorme déficit fiscal provocado por derrochadores, evasores, subfacturadores y defraudadores, y dar felicidad a los especuladores bursátiles.

Ellos, por estar precisamente en ese jugoso negocio, no invierten en empresas que levanten la producción, el empleo y la inversión, generando así recursos fiscales limpios y sanos para un Estado que, por esa sinrazón, se halla ahora al borde de la quiebra.

Tal es el impugnable juego del paquete tributario.

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