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La Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo acordó, el sábado en la noche, destinar el dinero necesario para que los directivos se puedan defender legalmente, ante una posible acusación penal por parte de la Municipalidad de San Ramón.
Carlos SALAZAR/Al Día
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Alistan defensa legal Carlos SALAZAR, corresponsal
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San Ramón.- Tras denunciar el presidente de la Unión Cantonal, Raúl Gómez, que la Municipalidad de San Ramón trata de lesionar al Movimiento Comunal, la Asamblea General de las asociaciones acordó disponer del presupuesto necesario para enfrentar la defensa legal en los tribunales.
"Nos van a mandar al Ministerio Público por la Financiera que tenemos", señaló Gómez, al dar a conocer un acuerdo municipal donde se pretende denunciar ante instancias judiciales a la Junta Directiva de la Unión Cantonal.
El directivo explicó que desde hace varios años, por acuerdo de la Asamblea General de la Unión, se decidió hacer préstamos de dinero a terceros, para que la organización pueda aumentar su capital, financiar actividades propias y colaborar económicamente con las afiliadas.
En la Asamblea General, celebrada el sábado de 2 p.m. a 7:30 p.m., los delegados acordaron consultar al Departamento Legal de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) una serie de hechos cuestionados por los regidores.
Entre ellos, se encuentra la venta de un terreno, propiedad de la Unión Cantonal, realizado hace varios años para dar sustento económico a la organización, así como sobre la legalidad del acuerdo de alquilar dinero. ¿Legal o no?Gómez dijo que se le pediría a DINADECO que se pronuncie sobre la legalidad de la publicación de "un documento privado entre la directiva de la Unión y las Asociaciones", dado a conocer por este medio, en torno a supuestos cuestionamientos a la Municipalidad.
Dicho comunicado, del que El Norte/Al Día obtuvo una copia, formaba parte de varios documentos donde se convocaba a la Asamblea General de la Unión Cantonal.
El documento, conocido también durante una sesión municipal, despertó el rechazo de regidores y síndicos, quienes como posible represalia, acordaron pedir al Ministerio Público investigar la venta de la propiedad y el préstamo de dinero.
Fernando Ramírez, delegado a la Asamblea, explicó que cuando él fue presidente de la Unión Cantonal, consultó con DINADECO la posibilidad de vender el terreno de una manzana, y pidió a la Asamblea General ratificar el acuerdo de venta.
Gómez expresó a la Asamblea que hacía votos para "que los ediles reflexionen", y no tener que llegar a los Tribunales de Justicia a poner las cosas en claro.
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