Estadio clausurado por falta de patentes

La "S" se agarra con Municipalidad

El partido de hoy a las 7 p.m. contra Ramonense sigue en pie

El pleito comenzó a las ocho de la mañana y se extendió hasta el mediodía.

La Municipalidad de Tibás clausuró el estadio Saprissa y ordenó que dirigentes y jugadores morados debían salir de las instalaciones. Los saprissistas no hicieron caso, no solo permanecieron dentro del inmueble, sino que tras la partida de los funcionarios de la Municipalidad, abrieron las puertas a la prensa y anunciaron que hoy harán lo mismo con la afición, porque pese a la negativa del Municipio, efectuarán el juego ante Ramonense.

"No tenemos porqué cerrar las puertas y dejar de efectuar nuestros eventos deportivos, porque el club tiene los permisos de funcionamiento, patentes y pagos de impuestos al día. En este sentido no le debemos nada a la Municipalidad", dijo Mario Jiménez, gerente comercial de los morados.

Pero el problema, según manifestó Jorge Rojas, jefe de patentes de la Municipalidad, es que el cuadro tibaseño desarrolla actividades comerciales sin tener los permisos respectivos.

"Han efectuado actividades lucrativas sin poseer patentes, como por ejemplo alquilar la cancha para partidos y arrendar las instalaciones para los conciertos", manifestó Rojas, quien llegó a colocar los sellos de clausura en los portones principales de acceso al estadio tibaseño.

El funcionario agregó que los saprissistas no han cumplido con los requisitos que establece la ley. "No hay marcha atrás. Esto se arregla si Saprissa pone a derecho sus actividades comerciales". Los capitalinos se defendieron, por eso Jiménez expresó que "si no tenemos patentes es porque la Municipalidad no las entregó".

Heredia también está en líos

Los problemas con instituciones no solo son morados, los florenses también están en líos, pero en este caso con la Caja Costarricense del Seguro Social.

Este organismo busca solucionar los diferendos con el Herediano, pero exige la cancelación de ¢53 millones, por concepto de retenciones indebidas a lo largo de una década.

Los florenses pretenden cancelar ¢36 millones a febrero, pero ese monto no cubre todo lo retenido y la administración no puede formalizar el arreglo de pago, para frenar el procedimiento.

En un comunicado de prensa, la Caja explica que aunque diferentes personeros de la entidad herediana han intentado establecer arreglos, hasta el momento, no hubo resultados positivos.

A la fecha, la deuda total asciende a ¢186 millones.

Es obligación de la Caja velar por los intereses de los asegurados y aplicar los mecanismos legales para hacer cumplir la ley.