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Mafia maderera en Nicaragua
Managua/AP. El Procurador del Medio Ambiente de Nicaragua, Lisandro DLeón, entregará a la Contraloría General de la República, los nombres de funcionarios, exmilitares y un contralor que supuestamente están sacando ilegalmente madera del país.
El procurador hizo las denuncias el martes ante la comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional en la que mencionó a seis diputados, pero no identificó a ninguno.
La Contraloría General de la República le envió una carta al funcionario pidiéndole que formule oficialmente la denuncia ante el ente fiscalizador del Estado para abrir una investigación.
Guillermo Argüello, uno de los cinco miembros del Consejo Superior de la Contraloría de la República, afirmó que si DLeón "sabe algo que tenga la hombría y venga aquí (la Contraloría) a decirlo, porque injuriar y calumniar es fácil".
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, instó al funcionario a hacer efectiva su denuncia, porque de lo contrario sería acusado por encubridor.
El diputado Wladimir Pineda alegó que las denuncias "sin fundamento que hizo el Procurador Ambiental fue para tratar de opacar una investigación" de una comisión especial legislativa acerca de que la Dirección de Aduanas, sin coordinar con la policía y el ejército, abrió un puesto de salida de madera en el sur del país, en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
Julio Vega, ministro de Gobernación, dijo que la Policía no puede iniciar ninguna investigación, mientras la Procuraduría Ambiental no interponga una denuncia formal.
DLeón reveló el martes que en la supuesta mafia estarían involucrados seis diputados del Partido Liberal Constitucionalista y del Frente Sandinista. No dio nombres, pero dijo que ellos "tienen testaferros, regentes, operadores, acopiadores de madera".
Agregó que participan numerosos funcionarios estatales, entre ellos uno de apellido Baker contra el que la Procuraduría tiene dos causas, una civil y otra penal, por tráfico ilegal de madera.
En el negocio participarían empresarios hondureños, costarricenses, canadienses y de República Dominicana, subrayó.
Agregó que comunidades indígenas culpan a un diputado, cuyo nombre se reservó, que incita a tomar reservas forestales para despalarlas y dedicarlas a la ganadería en el Caribe.
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